Imagen ilustrativa de tobilleras electrónicas.
Una campaña ciudadana plantea la implementación de manillas y tobilleras electrónicas bajo control de instituciones civiles como una medida urgente para reducir el hacinamiento carcelario en Bolivia, donde cerca de 19.000 personas se encuentran detenidas de manera preventiva. La iniciativa es impulsada por el Centro Multidisciplinario de Investigación y Capacitación (CMIC).
Ramiro Llanos Moscoso, representante legal del CMIC y exdirector penitenciario, informó que la campaña contempla la entrega simbólica de un sobre con una manilla electrónica a diputadas, diputados, senadoras y senadores de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de sensibilizarlos y exigir la aprobación de una ley específica sobre monitoreo electrónico.
“Esperamos que el Legislativo legisle en 2026 lo que durante décadas no se ha logrado”, sostuvo en contacto con ANF.
La propuesta plantea que el control y monitoreo de estos dispositivos no esté a cargo de la Policía, sino de instancias civiles como el Consejo de la Magistratura, la Dirección General de Régimen Penitenciario, gobiernos departamentales o universidades públicas.
“No debemos repetir errores del pasado; las manillas electrónicas no pueden estar bajo control policial”, advirtió Llanos.
El plan prevé el uso de manillas y tobilleras para 10.000 personas privadas de libertad que cometieron un primer delito y para 5.000 sentenciadas que hayan demostrado buen comportamiento.
El sistema sería autofinanciado mediante un aporte mensual de 60 bolivianos, cubierto por los garantes de las personas beneficiarias. Según Llanos, la medida permitiría descomprimir las cárceles sin poner en riesgo la seguridad pública.
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