Autoridades cruceñas en la promulgación de la Ley del Defensor del Pueblo Cruceño. Foto: El País.
Tras la reciente promulgación de la ley departamental que regula la organización, funcionamiento y atribuciones de la Defensoría Departamental de las Cruceñas y los Cruceños, la Defensoría del Pueblo destacó la vigencia de instituciones orientadas a la defensa y protección de los derechos humanos, pero también remarcó la necesidad de definir con precisión el alcance de sus competencias para evitar duplicidad de funciones.
A través de un comunicado oficial, la entidad defensorial valoró el fortalecimiento del sistema de garantías en favor de la población y consideró fundamental que la nueva instancia departamental se traduzca en «acciones efectivas para la promoción, defensa y protección de los derechos de las y los habitantes de Santa Cruz».
Sin embargo, el pronunciamiento también hace hincapié en la necesidad de «revisar y delimitar con claridad el alcance de sus competencias, en el marco de la Constitución Política del Estado y de los artículos 117 y 118 del Estatuto Autonómico Departamental, así como de la Declaración Constitucional 170/2016, a fin de garantizar la complementariedad institucional, evitar superposiciones y asegurar que las actuaciones de cada instancia se desarrollen conforme a sus respectivos mandatos».
Asimismo, recordó que dicha delimitación debe tomar en cuenta el artículo 218 de la Constitución Política del Estado (CPE), el cual ampara las garantías de «autonomía funcional, financiera y administrativa de la Defensoría del Pueblo», en su calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) con estatus “A”.
Por último, la Defensoría del Pueblo expresó su disposición para «brindar espacios de asistencia técnica de modo que la nueva instancia departamental cumpla con los estándares de independencia, autonomía y recursos suficientes para fortalecer las acciones conjuntas de promoción y protección de los derechos humanos, en beneficio de la población cruceña y bajo los principios de respeto, complementariedad, independencia institucional y servicio a la sociedad».
Según reportó el diario El Deber, la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz sancionó esta normativa tras una extensa sesión realizada a mediados de octubre, y posteriormente fue promulgada por el gobernador Juan Pablo Velasco el 16 de octubre.
La norma determina que la nueva entidad contará con autonomía técnica y de gestión para atender quejas y denuncias de forma gratuita y prioritaria. Asimismo, establece que el futuro titular de la entidad defensorial departamental será elegido por dos tercios de voto en la Asamblea Legislativa mediante convocatoria pública y evaluación de méritos.
Este es el pronunciamiento defensorial:
