Cultivos agrícolas fueron afectados por la minería ilegal en Guanay. Foto: ANF
“Nos taparon los cultivos con piedra y tierra. Destruyeron todo lo que teníamos”, denunció Johnny Callaú, uno de los productores afectados por el avance de la minería ilegal en los campos de cultivo del municipio de Guanay, al norte de La Paz. Según Callaú, detrás de esta devastación se ocultan acuerdos irregulares entre representantes vecinales y empresas mineras que operan sin autorización ni control estatal.
El conflicto se originó en lo que los responsables llaman “trabajos de descolmatación” del río Tipuani, una tarea que en teoría busca limpiar los sedimentos del cauce. Sin embargo, Callaú aseguró que bajo ese pretexto, las juntas vecinales firmaron convenios ilegales con empresas dedicadas a la extracción de oro.
“No están limpiando el río; están explotando oro. Han armado chutes, han movido tierra y operan sin ninguna cuadrícula registrada ante la AJAM”, denunció en contacto con ANF, refiriéndose a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera.
El testimonio del agricultor reveló además una preocupante complicidad institucional. Dijo que la alcaldía de Guanay sabe lo que está pasando, pero no hace nada. “Eso solo se explica si hay convenios por debajo de la mesa”, afirmó Callaú. Mientras tanto, los trabajos mineros se expanden hacia terrenos agrícolas, cubriendo con escombros las parcelas que alimentaban a decenas de familias.
“Nosotros no tendremos títulos de propiedad, pero tenemos posesión legítima. Vivimos de esta tierra desde hace años”, relató Callaú. En esos terrenos, los vecinos cultivaban plátano, yuca, mandarina, naranja y mango, productos que abastecían al propio municipio. Pero la maquinaria utilizada por las empresas, con el aval de los dirigentes vecinales, arrasó con todo.
“Trajeron volquetas, retroexcavadoras y comenzaron a vaciar piedra y tierra encima de nuestros cultivos. No pidieron permiso ni mostraron ninguna orden”, denunció.
El daño no solo es material. La destrucción de los cultivos ha dejado sin sustento a numerosas familias, muchas de las cuales viven del trabajo agrícola diario. Callaú señaló que, pese a la gravedad de los hechos, ninguna autoridad ha emitido una resolución municipal ni una orden judicial para intervenir o detener las operaciones.
“Para quitarnos la tierra deberían tener una orden. Pero aquí todo se hace a la fuerza”, lamentó.
Unas 10 familias, que superaron el miedo a las amenazas, según dijo, lograron reunirse para denunciar esta situación luego de soportar muchos abusos de los mineros y las juntas de vecinos, asociadas en la explotación de oro.
“Algunos tienen miedo porque nos están amedrentando para que no hablemos”, comentó Callaú. Pese al temor, el grupo se dirigió a la policía para presentar formalmente sus reclamos y exigir la paralización de la minería ilegal.
El conflicto por el oro también ha dejado una víctima fatal. Callaú relató que una mujer, madre de cinco hijos, perdió la vida mientras intentaba “posear”, es decir, lavar tierra en las pozas de extracción para obtener pequeñas cantidades de oro.
“Ella era padre y madre. Entró a la poza para sacar algo de oro y alimentar a sus hijos, pero las piedras le cayeron encima cuando la maquinaria de la empresa empezó a moverse”, indicó.
Pero lo más raro del caso, denunció, es que en su certificado de defunción pusieron que murió por ahogamiento. “Eso es una irregularidad”, dijo.
Para las familias afectadas, la minería ilegal en Guanay no solo ha significado la pérdida de sus medios de vida, sino también la evidencia del abandono estatal que hasta la fecha no hace nada por detener a la minería ilegal que se va comiendo las pocas áreas de cultivos que quedan en la zona.
“Queremos que el Gobierno escuche, que alguien venga a ver lo que han hecho. Nos están dejando sin tierra, sin comida y sin justicia”, concluyó Callaú.
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