Portada de la investigación del CEJIS
Las mujeres indígenas de cuatro autonomías de tierras bajas plantean fortalecer los mecanismos comunitarios de atención y mejorar la coordinación con la justicia ordinaria para que la Ley 348 se aplique de acuerdo con sus realidades culturales y territoriales, sin que la búsqueda de armonía comunal silencie las agresiones graves.
La propuesta surge de una investigación del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), que sistematiza la implementación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia en las autonomías indígenas de Charagua Iyambae y Kereimba Iyaambae, en Santa Cruz; Huacaya, en Chuquisaca; y el Territorio Indígena Multiétnico (TIM), en Beni.
Entre los principales obstáculos identificados están las distancias que deben recorrer las mujeres para llegar a los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) y las barreras lingüísticas al acudir a instancias estatales. La investigación recoge testimonios de mujeres que consideran que tener que trasladarse durante horas y acudir a operadores de justicia que no hablan sus idiomas constituye una nueva forma de violencia y evidencia el abandono institucional.
El estudio también advierte tensiones entre la justicia indígena originaria campesina y la justicia ordinaria, especialmente cuando la búsqueda de armonía dentro de la comunidad termina restando importancia a agresiones graves. Frente a esta situación, las mujeres proponen establecer protocolos internos que prioricen su vida y protección.
Otra de las demandas es fortalecer a las promotoras de derechos y a las autoridades comunitarias que ya intervienen en la resolución de conflictos, pero que no siempre cuentan con respaldo institucional. También plantean capacitaciones permanentes y mecanismos de coordinación entre ambos sistemas de justicia.
La investigación señala que la violencia contra las mujeres indígenas no se limita a las agresiones físicas, sino que está relacionada con desigualdades estructurales, racismo, discriminación y dificultades para acceder a servicios básicos, además de barreras para su participación política y organizativa.
Las propuestas buscan que la Ley 348 no sea percibida como una norma externa o burocrática, sino como una herramienta efectiva de protección, adaptada a las condiciones de cada territorio. El desafío, según el estudio, es articular la autonomía indígena con la garantía de los derechos de las mujeres, evitando que las prácticas comunitarias se conviertan en un obstáculo para acceder a la justicia.
Aquí puede leer la investigación:
