Representantes de instituciones y de comunidades lomerianas plantearon involucrar a las familias en la prevención de la violencia, mejorar la recepción de denuncias y definir responsabilidades institucionales. Foto: PROCESO.
Autoridades municipales y comunales, funcionarios públicos, caciques comunales, representantes del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), centros de salud, unidades educativas y promotoras comunitarias se reunieron en San Antonio de Lomerío (Santa Cruz) para analizar la situación de la violencia de género y plantear acciones de prevención y protección adecuadas a la realidad del municipio.
Durante el foro, impulsado por la organización PROCESO Servicios Educativos, se presentaron datos sobre violencia física, psicológica y sexual, junto con situaciones que afectan a niñas, niños y adolescentes. Las cifras dieron paso a una discusión sobre las responsabilidades de las instituciones y las comunidades frente a estos casos.
Uno de los principales planteamientos fue llevar la prevención hasta las familias. Lorenzo Choré, director de la unidad educativa San Antonio de Padua, señaló que el hogar debe ser el primer espacio para trabajar la prevención antes de ampliar estas acciones hacia las unidades educativas.
“Pilar fundamental sería la familia, luego ir ampliando en unidades educativas, así se trabaja la prevención de la violencia”, dijo.
Desde el SLIM, Juana Posiva advirtió sobre la magnitud de los casos y señaló que muchas situaciones no llegan a ser denunciadas. Ante esta situación, planteó trabajar con madres y familias para prevenir la violencia y facilitar que las víctimas puedan acceder a los mecanismos de atención.
El director del centro de salud de San Antonio de Lomerío, Pedro Parapaino, llamó a fortalecer el trabajo entre instituciones e incorporar la prevención desde la niñez. Señaló la importancia de trabajar con las familias en educación en valores y autoestima, además de revisar los roles asignados tradicionalmente a hombres y mujeres.
“Tenemos que hablar con la familia, en la educación, desde la niñez; hablar sobre valores, autoestima y nuestros roles como instituciones”, sostuvo Parapaino.
La discusión también puso sobre la mesa la necesidad de contar con rutas institucionales claras para responder ante los casos de violencia. La concejala Lili Supayabe planteó que estos mecanismos deben adecuarse a las características de la sociedad lomeriana y establecer qué debe hacer cada institución cuando se presenta una denuncia.
“Necesitamos la activación de rutas institucionales que se adecuen a nuestro municipio, basado en nuestra sociedad lomeriana, con protocolos claros para la prevención”, señaló.
Derrumbar la división de roles
El foro también cuestionó la división tradicional de roles que asigna a los hombres actividades fuera del hogar y a las mujeres las tareas domésticas. Para Supayabe, cambiar estas prácticas requiere un proceso gradual que permita modificar las ideas que sostienen relaciones desiguales.
Los participantes plantearon que la respuesta frente a la violencia requiere involucrar a las instituciones públicas y a las comunidades. Entre las propuestas se mencionó mejorar el registro y recepción de denuncias, involucrar a la Alcaldía y fortalecer la participación de los caciques comunales en los mecanismos de protección establecidos por la Ley 348.
La adecuación de las rutas institucionales a la realidad de Lomerío quedó como uno de los principales puntos de discusión, con la necesidad de definir con claridad las responsabilidades de cada institución frente a una denuncia y acercar los mecanismos de atención a las familias y comunidades.
