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La falta de un registro social único en Bolivia dificulta la identificación de los sectores más vulnerables y limita la focalización de las ayudas económicas estatales, advirtieron el director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, y el director del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Privada Boliviana (UPB), Joaquín Morales.
Ambos especialistas analizaron las limitaciones de los mecanismos de identificación de beneficiarios de las medidas de compensación económica anunciadas por el Gobierno tras el retiro de la subvención a los carburantes, en el programa Detrás de los Números, difundido por la Red ERBOL.
Entre las medidas anunciadas figura el bono extraordinario “PEPE versión 2”, que contempla una asignación de Bs 1.600 millones para beneficiar a 2,9 millones de personas mediante tres desembolsos bimensuales de Bs 250, además de un plan de empleo e infraestructura.
Según el análisis, la identificación de los beneficiarios se apoya en registros sectoriales, como los de madres gestantes, estudiantes, adultos mayores que reciben la Renta Dignidad, personas con discapacidad grave y población institucionalizada en hogares de acogida y centros penitenciarios.
Morales advirtió que la combinación de estas listas no garantiza una cobertura precisa, debido a que existen personas en situación de vulnerabilidad que no figuran en esos registros y podrían quedar excluidas de las transferencias estatales.
Indicadores socioeconómicos presentan limitaciones
Los especialistas también observaron dificultades en el uso del consumo de electricidad como indicador para determinar la situación económica de los hogares. Explicaron que algunas viviendas de alto valor pueden registrar un consumo reducido por permanecer desocupadas, mientras que familias de bajos recursos pueden tener conexiones informales o carecer de direcciones catastrales claras.
Otro factor señalado es el acceso al sistema financiero. La bancarización y el uso de billeteras digitales o códigos QR pueden dificultar el acceso a las transferencias para las personas que no cuentan con estos servicios.
Durante el análisis se mencionó que el 84% de la población ocupada trabaja en la informalidad, situación que plantea dificultades para identificar sus ingresos y condiciones económicas mediante los mecanismos convencionales.
Además, los especialistas señalaron que los datos del Censo de Población y Vivienda 2024 pueden resultar insuficientes para identificar de manera inmediata a las familias que requieren asistencia, debido a los cambios de domicilio, actividad laboral y ocupación que pueden producirse en un contexto de crisis económica.
Registro social único está previsto para 2027
Según la información expuesta en el programa, el acuerdo marco con organismos multilaterales prevé iniciar en marzo de 2027 el diseño formal de un registro social único. Sin embargo, su implementación requiere tiempo, verificación de datos y recursos administrativos.
Los analistas advirtieron que la construcción de este sistema no debería postergar la atención a las familias que enfrentan el incremento de los costos de los alimentos y el transporte.
También alertaron sobre las dificultades que podrían afrontar las poblaciones rurales para acceder a las compensaciones económicas, debido a su dependencia de los carburantes para el funcionamiento de maquinaria y el traslado de cosechas.
La falta de mecanismos ágiles de registro y de acceso a servicios financieros, señalaron, puede limitar tanto la llegada de las ayudas económicas como el acceso a créditos productivos, por lo que consideraron necesario mejorar los instrumentos de identificación de beneficiarios.
