Sumando Voces. Foto: Héctor Arce
La Ley para las elecciones judiciales permanece bloqueada en la Asamblea Legislativa entre duras presiones del evismo y la dilatación del proceso por parte del arcismo. La norma, que fue aprobada por consenso en el Senado, tampoco tiene el respaldo de los juristas independientes o de la Veeduría Ciudadana, que hacen observaciones de fondo, como la ausencia de un período para entrevistar a los candidatos.
Este lunes, cuatro diputados del MAS que responden a la corriente del expresidente Evo Morales anunciaron que se tapiaron en el marco de su huelga de hambre iniciada hace seis días. Según las imágenes, ingresaron a una estructura prefabricada que se asemeja a un pequeño cuarto.
“Sexto día de huelga de hambre. Junto a los colegas Santos Mamani, Renan Cabezas, Boris Colque y mi persona tomamos la decisión de tapiarnos. Nuestro sueño es aportar para construir un país con mejores y mayores oportunidades para las futuras generaciones. Es hora de decirle basta y ponerles un alto a estos mercenarios judiciales”, escribió en su cuenta de Facebook el diputado Héctor Arce, quien acompañó su anuncio con unas imágenes de un ataúd que fue llevado a las puertas de la Asamblea Legislativa con el mensaje de que la justicia “se nos muere”.
No faltaron los usuarios de redes sociales que indicaron que los evistas fueron los causantes de la muerte de la justicia, al haberla cooptado políticamente y haber impuesto elecciones judiciales para los magistrados de las altas cortes desde hace dos períodos.
“¿Se nos muere? Ustedes, «hermanos», mataron la justicia en 2006. Está muerta hace 17 años. No solo mataron la justicia, mataron la Defensoría del Pueblo, el TSE”, escribió el periodista Andrés Gómez en su cuenta de la red social X.
Esta presión del evismo sucede en momentos en que los diputados de la línea arcista dilatan el tratamiento de la norma con el argumento de que era necesario enviar el proyecto en consulta a los otros órganos del Estado.
La semana pasada, la Comisión de Constitución de Diputados decidió remitir el proyecto al Órgano Ejecutivo para determinar si existe o no presupuesto para hacer las elecciones judiciales en 2024. El documento también fue enviado al Órgano Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo de la Magistratura.
La decisión de pedir opiniones a los otros órganos del Estado estuvo en manos del cuestionado diputado Juan José Jáuregui, quien permanece como presidente de la Comisión de Constitución, pese a que su partido le ha sugerido que pida licencia para que se defienda desde el llano sobre las acusaciones de haber pedido favores sexuales incluso a menores de edad.
La oposición criticó la decisión de remitir el proyecto a otras instancias con el argumento de que dilata innecesariamente el tratamiento de la ley y abre la posibilidad de que el Gobierno quiera nombrar magistrados por decreto.
La ciudadanía
Sin embargo, la norma no tiene el consenso ciudadano. Tanto los juristas independientes como la Veeduría Ciudadana han rechazado que no se haya incluido un espacio destinado a las entrevistas de los candidatos.
El jurista y exalcalde de La Paz, Juan Del Granado, en su columna de este domingo en el portal Datápolis, enumeró cuatro deficiencias, que son las siguientes.
“Eliminaron la entrevista y exposición oral; puro títulos y cartones (art 31). No hay manera de verificar idoneidades de ejercicio profesional ni aptitudes personales”, especificó.
También observó que “los abogados militantes (por tanto, no independientes) pueden postularse con el solo requisito de renunciar a su militancia antesitos de postularse (art 24). Ya deben estar haciendo fila centenares de militantes con título de abogado. Otra vez la afinidad partidaria sustituirá a los méritos”.
Asimismo criticó que la nota mínima sea 65 sobre 100 (art 32), “muy cerca de la mediocridad, y con el agravante de que puede ser menor si solo hubieran postulantes mujeres o indígenas con calificación menor a 65. Los Juristas Independientes propusimos mínimo 75/100, sin excepciones, para aproximarnos a la excelencia que es lo que se requiere en la cúpula judicial”.
Y finalmente dijo que “la votación en “plancha”, en cada Tribunal (art 36), y no uno por uno de los postulantes, parece ser el mecanismo para garantizar el cuoteo y los acuerdos previos”.
La semana pasada, la representante de la Veeduría Ciudadana, Sandra Verduguez, dijo que la aprobación de la norma tal como salió del Senado pone en riesgo la calidad del proceso, porque no prevé entrevistas a los candidatos y deja apenas dos días paras las impugnaciones.
Del Granado remató indicando que estamos nomás atorados en la trampa de siempre; el Gobierno que impulsa el “vacío” para mantener el control actual de la cúpula judicial y la oposición que, a cambio de algunos postulantes, ni siquiera ha planteado una mejor Ley, teniendo por el mango el sartén de los 2/3, sin existir ya el chaleco de los plazos”.
