Editorial Sumando Voces
Multas, reversión de tierras y hasta cárcel por provocar incendios ilegales parecen ser parte de una retórica que no causa ningún efecto porque, año tras año, la quema de bosques para habilitar tierras destinadas a la agropecuaria se repite impunemente.
Y, por más que se anuncien medidas, luego éstas son revertidas por presión de los gremios empresariales o de los interculturales, tal como sucedió con la decisión de la Procuraduría General del Estado de suspender los procesos de reversión de tierras de unas 40 propiedades que, según su propio dictamen, habían sido el escenario de incendios ilegales el año 2023.
Una carta enviada por el procurador Cesar Siles a los directivos de las Federaciones de Ganaderos de Santa Cruz y de Beni da cuenta de un acuerdo para suspender el proceso de reversión. Pese a la claridad de la misiva, al Procuraduría emitió un comunicado indicando que continúa adelante con las medidas de defensa del medio ambiente con requerimientos, recordatorios y mandatos procuradoriales de información, aunque luego admite que sobre la reversión de tierras “se inició una nueva revisión normativa exhaustiva, ya que la reversión de propiedades se encuentra regulada por leyes nacionales, como la Ley No 337 de 2013, que en sus disposiciones finales incluye la sanción de reversión en casos de desmontes ilegales”.
Los incendios son la forma arcaica e ilegal de desmontar, o sea que la Procuraduría no tendría que hacer ningún cambio en su dictamen para adecuarse a esa ley.
En la misma línea, el Gobierno ha anunciado la vigencia de un Decreto Supremo para subir las multas por hectárea quemada, pero los ganaderos ya iniciaron la presión en contra de esa medida. El Decreto Supremo 5203 elevó las multas de 20 centavos de dólar por hectárea, un monto insignificante, para fijarlo en cifras que van desde los 190 a las 976 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) por hectárea, dependiendo de la gravedad del daño, lo que significa que las sanciones deberían subir en un rango de 478 y 2.459 bolivianos por hectárea a partir de la segunda semana de septiembre.
Un comunicado de los ganaderos del Beni, emitido este 9 de septiembre, califica las multas como “aberrantes”, “inconsultas” y dice que “constituyen un despropósito”. En ese marco, los ganaderos exigen “abrogar el decreto 5203” que fija la nueva escala de las multas.
Y, tampoco se conocen los avances sobre las denuncias que interpone la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y que, según su sitio web ya suman 42 denuncias penales en Santa Cruz y seis en Beni, mientras que en procesos administrativos sancionadores por quema ilegal se reportan 227 citaciones de comparendo emitidas.
“No nos tiembla la mano para procesar a los autores y/o participes de los graves daños a nuestro medio ambiente, que de gran manera están afectando la salud de un pueblo, la naturaleza y la vida de los animalitos”, dijo hace poco el director ejecutivo nacional, Luis Roberto Flores Orellana.
Sin embargo, la retórica choca con la realidad porque, hasta finales de agosto, la fundación TIERRA ha contabilizado 4 millones de hectáreas quemadas, con afectaciones a los derechos ciudadanos a gozar de un medio ambiente sano, derecho a la salud, a la educación, a la transitabilidad, entre otros que se han visto vulnerados desde que se iniciaron los incendios y la alarmante contaminación del aire, que ha provocado la expulsión de los pueblos indígenas desde sus comunidades hasta los pueblos más cercanos.
Esta acción ecocida, además, tendrá graves consecuencias para el futuro inmediato con la reducción de lluvias, el aumento del temperatura, las sequías y los eventos climáticos extremos. Los irresponsables de hoy están hipotecando nuestro futuro y lo están haciendo en complicidad entre gobernantes, empresarios e interculturales con el único fin de aumentar sus ingresos millonarios. Es hora de decirles ¡basta!
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