En Bolivia, la vigencia de una ley puede ser efímera, así como el tiempo que tarda una marcha indígena campesina en recorrer, paso a paso sacrificado, los caminos que separan los llanos amazónicos de las frías cumbres altiplánicas que envuelven la ciudad de La Paz. Detrás de los titulares fríos y calumnias que anuncian que treinta y cinco días bastaron para borrar del mapa normativo la polémica Ley 1720 de Conversión de Tierras, se esconde la verdadera epopeya: semanas enteras de pies ampollados, de rostros agrietados por el sol y el viento, desmayos por altura, la fuerza de los niños en brazos y antiguos de la tercera edad que desafiaron el asfalto ardiente y el frío hostil, noches de vigilia alrededor de la fogata con la lucha pacífica y alegre, pese a las circunstancias, con una indiferencia innegable de una parte de la ciudad y sus autoridades, con el único fin de salvar su hogar y nuestro sustento de vida.
Ese fue el motor de las comunidades y territorios de Pando, Beni y el norte paceño; su dignidad inquebrantable hecha caminata forzó la promulgación de la Ley 1731 y dobló el brazo no solo del poder político en la ciudad de La Paz, sino a la estructura extractivista que se esconde detrás de cada gobierno y de cada incendio. Sin embargo, bajo el nuevo régimen en el que nos encontramos y en la historia de la política agraria boliviana, las victorias logradas con lágrimas, sudor y convicción orgánica suelen venir acompañadas de una sutil «letra chica», pensada y charlada en los despachos estatales en reuniones en las que la Casa Grande ya no es del pueblo, sino de unos cuantos que pretenden serlo.
La caída de esta norma no ha cerrado el conflicto, por el contrario, mientras los marchistas apenas recuperaban el aliento, en la Cámara de Senadores se encontraba el rostro del racismo disfrazado, la ignorancia hecha carne y la intolerancia en su máxima expresión. Las Disposiciones Transitorias de la nueva ley abren una caja de Pandora, una amenaza más para fragmentar la estructura constitucional del país, pretendiendo diluir en el sutil ropaje de la «regionalización» La letra chica en las disposiciones transitorias devela cuatro candados estratégicos:
Los 60 días y la política del suspenso que otorga la norma como un plazo máximo e improrrogable a la Asamblea Legislativa Plurinacional para redactar y consensuar una nueva propuesta de ley agraria, escondiendo detrás de este formalismo institucional un burdo parche temporal diseñado para desmovilizar la protesta inmediata. No se solucionó el problema de fondo; solo se suspendió el conflicto. Al decretar este plazo, se ve la mala fe del aparato estatal que generó un vacío legal para después regular los beneficios posteriores a la conversión de tierras que tanto el gobierno desea facilitar al agronegocio. Con este corto plazo buscan forzar un debate a contrarreloj donde el apuro es el mejor aliado de la imposición y de las negociaciones a puertas cerradas.
La primera disposición transitoria establece, que la futura norma debe contemplar salvaguardas explícitas y blindar la protección de las TCO, TIOC, comunidades campesinas y áreas de reserva natural. Este punto es la victoria directa, arrancada con sacrificio y plasmada en papel, de la Marcha de Pando, Beni y el Norte Paceño. Políticamente, los legisladores, atrincherados en su soberbia y falta de empatía, tuvieron que reconocer que tocar esos suelos es totalmente inviable. Sin embargo, este blindaje es solo una declaración de intenciones si el resto de la estructura de la nueva ley que pretenden presentar quita el oxígeno a los territorios colectivos mediante presiones.
La segunda disposición transitoria es la más peligrosa porque ordena que el proceso de concertación y debate técnico-legal del nuevo marco normativo debe fundamentarse tomando como base a las Comisiones Agrarias Departamentales (CAD), instancias creadas originalmente por la Ley INRA 1715. Hay que tomar en cuenta que las CAD están integradas por actores locales como gobernaciones, federaciones de ganaderos y empresarios agroindustriales (CAO, CAINCO, etc.), estas comisiones están históricamente secuestradas por las élites terratenientes. En resumen, lo que el agronegocio perdió ante la conciencia del pueblo en las calles de La Paz, pretende recuperar mediante el lobby empresarial de manera regional.
Esta es una flagrante contradicción constitucional al artículo 298 de la Constitución Política del Estado, que determina con claridad que el régimen agrario y las políticas de tierras son una atribución privativa y exclusiva del nivel central del Estado. Por lo que el territorio no puede y no debe ser fraccionado ni mucho menos administrado de manera aislada por gobiernos departamentales o municipales, ya que territorio involucra la seguridad nacional, el agua, la soberanía alimentaria, el equilibrio ambiental y ecosistémico de nuestro patrimonio natural del cual emana nuestra vida. Al derivar la discusión a las CAD, la Ley 1731 fragmenta la visión nacional del territorio, violando el orden establecido en la CPE y vulnerando el bloque de constitucionalidad el Convenio 169 de la OIT, el Acuerdo de Escazú y supremacía jurídica normativa.
Por otro lado, al dictaminar que el nuevo proceso de concertación social solo se realice con entidades nacionales y departamentales cuya representatividad legal esté debidamente verificada, no solo quebranta la jerarquía normativa, sino que activa una vulneración de derechos en cadena Al forzar que el diseño de la nueva ley se centre en escenarios locales, se atropella el derecho a la consulta previa, libre e informada, anulando su capacidad de dialogar de igual a igual con el Estado nuevamente vulnerando el artículo 394, que blinda la propiedad comunitaria y los territorios colectivos como indivisibles e inalienables. Dejar las salvaguardas territoriales en manos de comisiones regionales que se encuentran secuestradas por el poder corporativo es violar el mandato del artículo 403, que reconoce la integralidad de los territorios y su vinculación indivisible con el agua, la biodiversidad y la soberanía alimentaria del país.
Esta medida es claramente una espada de doble filo y el golpe político más sucio que la Asamblea Legislativa podía hacerle al pueblo boliviano. Bajo el pretexto de legalidad, en simples palabras, el Estado se reserva el derecho de decidir quién se sienta a negociar y quién no. Ese es el mecanismo perfecto para desconocer a las dirigencias orgánicas, independientes y contestatarias como las que lideraron la marcha, o para vetar el asesoramiento de las organizaciones civiles de derechos humanos.
Este conflicto, en pleno mayo de 2026, ha vuelto a poner al desnudo el persistente sesgo colonial de las élites políticas bolivianas, tanto desde el oficialismo centralista como desde la posición regional y agroempresarial. Como denuncia con justa indignación el pronunciamiento de la Marcha, la primera reacción de varios legisladores fue restar el valor orgánico e intelectual a la movilización. Con una soberbia pasmosa, argumentaron que los marchistas eran «títeres» desinformados, masas útiles manipuladas por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) o el Movimiento Al Socialismo.
Esta narrativa no es nueva, pero no por ello deja de ser profundamente violenta y racista. Al asumir que los pueblos indígenas, originarios o campesinos carecen de la capacidad de discernimiento para analizar la realidad nacional y defender sus propios hogares, el poder político actual reedita la vieja visión colonial, racista y despectiva, mostrando que la manera en la que se quiere gobernar fragmenta nuestro país en dos Bolivias y, en la cúspide, la élite agroempresarial y minera que destroza nuestra tierra día a día.
Creen que el pueblo es ignorante, sin voz ni pensamiento propio; es increíble cómo se usaron adjetivos como «diablitos» de manera despectiva y burlesca a la lucha por la tierra y por la vida. Pero se equivocan: la marcha no fue un impulso externo, fue una respuesta legítima y lúcida de quienes entendieron perfectamente que la Ley 1720 era, en el fondo, un blanqueo agrario institucionalizado. Una trampa jurídica diseñada para viabilizar la conversión exprés de pequeñas propiedades a medianas mediante meras declaraciones juradas, postergando maliciosamente la fiscalización real de la Función Económica Social (FES) por diez años. Una receta perfecta para legalizar la especulación de la tierra y asfixiar los territorios comunitarios (TCO y TIOC) mediante el avasallamiento indirecto, una movida pro agronegocio. Los pueblos, y las protestas en las ciudades desde los colectivos ecologistas, organizaciones feministas, la universidad,sus estudiantes, ciudadanos y otros que apoyaron a la marcha, saben que cuando la ley mercantiliza la tierra, lo que se hipoteca es nuestra propia existencia.
Ante la contundencia de la realidad, el poder político ha optado por la clásica estrategia del enemigo externo para camuflar su derrota. Las rigurosas auditorías y fiscalizaciones anunciadas por el canciller contra diversas organizaciones de la sociedad civil no son más que una cortina de humo para externalizar el fracaso de un Gobierno que fue obligado por el pueblo a abrogar su ley estrella en apenas 35 días. Al culpar a una supuesta «desinformación» y al financiamiento externo, el aparato estatal prefiere vulnerar el derecho constitucional a la libre asociación antes que admitir que legisló de espaldas al país situación admitida por varios legisladores, cayendo en la profunda ironía de intentar criminalizar de manera generalizada a organizaciones que informan e investigan atropellos de la estructura extractiva de este país, siendo en Bolivia la fuente de información. Ya que la mayoría de los medios de comunicación han dejado de lado la investigación para entrar a un camino sin retorno del amarillismo, convirtiéndose de manera directa en el circo al pueblo para que se olvide del pan.
Pero frente a este circo mediático y pantomima gubernamental cuyo fin es adormecer la conciencia colectiva para que el pueblo se olvide de su alimento, la resistencia no se ha quedado ni se queda de brazos cruzados, esta lucha continúa más latente desde los territorios a las ciudades, contra la soberbia de esa élite parlamentaria y agronegociante que usa adjetivos despectivos y cree que el movimiento indígena y campesino carece de propuesta. Las calles y las carreteras ya hablaron con el cuerpo y el sacrificio, ahora la batalla se libra con la ley en la mano. No vayan a sorprenderse, porque el pueblo sí piensa en el pueblo.
Daniela Arratia es abogada de derechos humanos y medio ambiente y activista del Colectivo Lucha por la Amazonia Boliviana (LxA).
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