Ante la escalada de la conflictividad en Bolivia y la afectación a derechos fundamentales, más de 120 organizaciones de la sociedad civil (OSC) y la Defensoría del Pueblo expresaron su “profunda preocupación y alarma”, por lo que demandaron la inmediata instalación de un diálogo “estructurado, constructivo y eficaz” entre los sectores movilizados y el Gobierno.
Mediante un pronunciamiento conjunto, las entidades firmantes alertan que la demora en la apertura de espacios de diálogo, la conflictividad persistente y la polarización ponen en riesgo la vida y la seguridad de la población. Refieren que la escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno en algunas ciudades vulnera derechos fundamentales.
“Convocamos de manera inmediata y urgente a las organizaciones sociales movilizadas, autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como a los actores políticos a instalar un proceso de diálogo estructurado, constructivo, respetuoso y eficaz, el mismo que debe sustentarse en la escucha activa, la comunicación libre de estigmatización y el reconocimiento mutuo”, se lee en el documento.
El llamado es a actuar bajo estándares que propicien la paz, el libre tránsito y la protección de la labor de las y los periodistas, instituciones mediadoras y defensores de derechos humanos.
«La ausencia de concertación puede traer consecuencias incalculables para la sociedad, por lo que se requiere la suma de todos los esfuerzos y voluntades para hacerlo realidad», destaca una parte del pronunciamiento.
El pedido a los sectores sociales
El mensaje se dirige también a los movilizados, a quienes insta a no exponerse y ejercer su derecho a la protesta sin violencia. Recuerdan que la confrontación y la violencia fracturan el tejido social y profundizan la conflictividad. «El camino debe ser el diálogo plural, inclusivo y colaborativo».
«Exhortamos a las organizaciones sociales movilizadas a no poner en riesgo la integridad física de sus afiliados y ejercer su derecho a la protesta en el marco de los estándares internacionales de no violencia, respeto a la vida e integridad física de las personas, evitando en todo momento la vulneración de derechos de terceros»
También se hace un llamado a las partes en conflicto para preservar la labor de los medios de comunicación, periodistas y trabajadores de la prensa nacional e internacional, que cubren las manifestaciones sociales, con el fin de no obstaculizar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía.
Del mismo modo, instan a respetar y proteger a las instituciones que cumplen un rol de mediación y defensa de derechos humanos —como la Defensoría del Pueblo, las Iglesias y las organizaciones de sociedad civil— ante cualquier medida de hecho o acto de hostigamiento que limite su capacidad de actuación.
Desde hace un mes, Bolivia atraviesa una profunda crisis político-social, con protestas y bloqueos promovidos por la Central Obrera Boliviana (COB), campesinos y sectores afines al expresidente Evo Morales. Las acciones han generado, sobre todo en La Paz y El Alto, desabastecimiento de alimentos, medicamentos, oxígeno medicinal y combustibles, además de restricciones al libre tránsito, actos de violencia en la sede de gobierno y las carreteras y pérdidas económicas millonarias para la industria y el comercio. Los decesos se cifran en cuatro a causa de la falta de auxilio médico debido a los bloqueos, y la Fiscalía investiga la muerte de un joven en el marco del llamado «corredor humanitario» ejecutado por el Gobierno el fin de semana; las autoridades aseguran que el arma empleada en este caso no es de uso reglamentario.
Acá puede ver el pronunciamiento completo:
