Foto referencial tomada de SciDevNet
Luego de que un juez de Colcha K denegara la acción popular interpuesta por indígenas de Nor Lípez en contra de los contratos de litio y en defensa de sus derechos colectivos, el Gobierno exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) viabilizar dichos acuerdos para iniciar con la industrialización de ese mineral. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo cuestiona la omisión de la consulta previa a estas comunidades que serán afectadas con los proyectos de las empresas Hong Kong CBC (China), Uranium One Group (Rusia), y la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).
«Lo que nos corresponde como bolivianos es generar desarrollo y progreso con nuestros recursos naturales. Por eso, las diferentes fuerzas de la Asamblea Legislativa tienen el desafío histórico de aprobar los contratos ahora», dijo el ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo.
El Juzgado de Instrucción Público Mixto en lo Penal, Civil y Comercial N° 1 de Colcha K, en Potosí, la tarde del 5 de junio denegó la tutela a los dirigentes de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL).
Entre tanto, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento público en el que cuestiona el incumplimiento de YLB y las empresas extranjeras frente a los derechos de los pueblos indígenas. «Lo que la Defensoría ha cuestionado es que no se respetó la consulta libre, previa e informada», dijo el jefe de la Unidad de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Heriberto Pomier.
Agregó que el Juez de Colcha K no comprendió el fondo de la petición de la acción popular. «La autoridad jurisdiccional ha comprendido, un tanto equivocadamente, que la pretensión planteada estaba vinculada a dejar sin efecto los contratos administrativos, lo que en esencia no era el planteamiento. Sin embargo, se ha dejado latente el interés irrestricto que tiene la Defensoría del Pueblo en sentido de resguardar derechos de naturaleza colectiva y difusa», expresó Pomier.
En esa misma línea, la abogada de los comunarios, Fátima Monasterios, dijo que el juez evitó entrar al análisis de fondo y argumentó que la acción popular no era el mecanismo adecuado para tutelar los derechos denunciados, especialmente el derecho a la consulta previa.
El Juez dejó sin efecto las medidas cautelares del 27 de mayo que, por un lado, congelaba el tratamiento de los contratos en la ALP y, por otro, prohibía a YLB realizar cualquier acción administrativa u obra relacionada con dichos contratos. Asimismo, exhortó al ente legislativo a aprobar de manera urgente una ley nacional de consulta que regule el derecho de la consulta previa. La jurista Monasterios dijo que esta recomendación, que no fue solicitada por las comunidades, refleja la complejidad y la urgencia del debate sobre la participación indígena en proyectos extractivos estratégicos como el litio.
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