De izq. a der.: Cox, Colque, Kruyt, Faldín, Arandia y el moderador, Jorge Ríos.
A lo largo de su historia, pero sobre todo en las décadas más recientes, Bolivia generó riqueza a partir de la explotación de sus recursos naturales, pero este mismo modelo extractivista condenó al país al rentismo y contribuyó a su pérdida de competitividad. Esta fue una de las principales coincidencias de la primera sesión del Módulo III de la Cátedra Bolivia 1976–2050, que puso en debate los límites del modelo vigente y el desafío de reactivar la economía sin renunciar al desarrollo, apostando por las capacidades productivas del país y las economías sostenibles.
El evento, que se llevó a cabo el 25 de agosto en el auditorio de la Universidad NUR de la ciudad de Santa Cruz, reunió a más de un centenar de asistentes y contó con las intervenciones de cinco expertos en la temática.
Extractivismo vs desarrollo sostenible
Gonzalo Colque, investigador de Fundación Tierra, recordó los años de “vacas gordas” que generó la explotación y comercialización del gas, en particular entre 2003 y 2014, cuando Bolivia llegó a exportar 7.000 millones de dólares en un solo año. Para Colque, el problema no fue vivir de los recursos naturales, sino haber abandonado otros modelos de producción que hubieran evitado la debacle.
“El extractivismo tomó dimensiones extraordinarias, transformando de manera violenta la naturaleza y generando grandes cambios en lo económico, social y político. Hemos aprendido a vivir del dinero fácil, hemos perdido competitividad y una gran oportunidad de crear valor agregado. El extractivismo nos pone ante dos grandes desafíos: el ajuste fiscal y la reactivación económica”, dijo.
¿Qué caminos alternativos tiene Bolivia ante este escenario? Marcelo Arandia, director de CIPCA Santa Cruz, respondió con datos sobre el aporte de la agricultura campesina, indígena y familiar y formuló una propuesta para salir de esta crisis: “Se trata, fundamentalmente, de tener una visión que integre producción sostenible, cuidado de la biodiversidad, participación comunitaria y bienestar para todos”.
En Bolivia —dijo— coexisten dos modelos de producción: el que produce soya, carne y algunos commodities, pero promueve la expansión de la frontera agrícola, deforesta y demanda recursos subvencionados. Del otro lado —agregó— está la agricultura familiar, que genera empleo rural, garantiza la seguridad alimentaria y establece mecanismos para la conservación y la adaptación al cambio climático.
Arandia recordó que la agricultura familiar constituye la base productiva del país: en el altiplano, el 99,7%; en los valles, el 99,4%; en la Amazonía, el 95,7%; en el Chaco, el 94%, y en los llanos tropicales, el 86,6%. Además, apuntó que seis de cada 10 alimentos que consumen los bolivianos provienen de la agricultura familiar.
“Debemos pasar de una especialización productiva, es decir, solo soya o solo trigo, a trabajar en políticas que estimulen la agricultura familiar, para diversificar la producción, con inclusión social y resiliencia climática para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, desde lo local, con amplia participación de las organizaciones sociales, reduciendo los agroquímicos y dinamizando los mercados, a través de compras estatales”.
Derechos violentados
Y fue, precisamente, en nombre de las organizaciones de base que Nélida Faldín Chuvé reclamó por la manera en que los derechos de los pueblos y naciones indígenas son vulnerados recurrentemente cuando sus territorios son afectados por el extractivismo.
La lideresa indígena, asambleísta y exconstituyente recordó su derecho a la Consulta Previa, una prerrogativa constitucionalizado que no se cumple.
“Para nosotros, la Constitución Política del Estado es solo declarativa, su implementación está lejos de la realidad. Se priorizan otras cosas, como la inversión empresarial, para el desarrollo, y no se toman en cuenta nuestros saberes, nuestros derechos colectivos y nuestra conexión con la naturaleza. El modelo de desarrollo vigente se sobrepone a los nuestros”, afirmó.
En esa línea, demandó la revitalización de los bosques “para conservar lo que aún queda”; la reforestación, “para la recarga hídrica”; y generar valor agregado para los productos que obtienen en sus territorios.
La misma vivencia de Faldín, pero a través de las historias de otros indígenas, fue narrada por la investigadora Suzanne Kruyt, quien recorrió cuatro territorios de Bolivia para mostrar los efectos devastadores del extractivismo.
Empezó en Oruro, con la pérdida del lago Poopó por efecto de la sequía, pero también por la explotación minera. Luego siguió por el territorio tacana, en la Amazonía, donde conviven la explotación petrolera y la minería aluvial, pero además, un lugar donde los intereses ignoran deliberadamente la Consulta Previa.
El encuentro se desarrolló en el auditorio de la NUR, con la presencia de más de centenar de asistentes.
Más adelante, aterrizó en Santa Rosa de Huacaya, en el Chaco, donde un campamento petrolero debilita a la comunidad indígena, incorporando al sistema extractivista a varios de ellos “a cambio de migajas”.
Finalmente, llegó a San José de Chiquitos, donde la deforestación y las colonias menonitas han dejado sin agua a los pueblos nativos, que ahora se ven obligados a pagar para acceder al líquido.
“El extractivismo destruye más que la propia naturaleza, destruye el tejido social de los pueblos indígenas. No hay mecanismos estatales que controlen los abusos y la carga de proteger los territorios recae sobre quienes los habitan. Estos son factores estructurales sobre los que se debe trabajar”, dijo Kruyt.
Ricardo Cox, actor histórico de UNITAS, recordó cómo una intensa sequía que azotó al país a inicios de los años 80 —a causa del fenómeno de El Niño— propició la articulación de la ayuda humanitaria ante el desastre agropecuario. Esta acción se tradujo luego en dos programas, el PRACA y el PROCADE, que se constituyeron en un modelo exitoso de desarrollo que recogió y revalorizó los saberes y prácticas de las propias poblaciones afectadas.
Precisamente, el conocimiento de las naciones indígenas —dijo— debe ser usado hoy para contrarrestar los efectos del extractivismo y generar alternativas de desarrollo.
“La Primera Marcha Indígena ya denunciaba el extractivismo forestal y promovía el desarrollo participativo desde un modelo territorial indígena que hoy sostiene muchas luchas”, sostuvo.
Un espacio de reflexión y propuestas
La Cátedra Bolivia es una iniciativa impulsada por UNITAS en el marco de sus 50 años, concebida como un espacio abierto, gratuito e itinerante para reflexionar sobre democracia, desarrollo y derechos, y aportar al pensamiento crítico y al debate público sobre el futuro del país. La iniciativa ya se desarrolló en La Paz y Sucre y próximamente estará en Cochabamba y Tarija.
En sus palabras de inauguración, la directora ejecutiva de la red UNITAS, Mila Reynolds, sostuvo que el tercer módulo de la Cátedra Bolivia es una invitación a hablar sobre desarrollo “en un contexto socioambiental alarmante, bajo la presión devastadora del extractivismo”.
Reynolds afirmó que este encuentro llama a repensar el desarrollo desde la perspectiva de los derechos humanos y destacó la solidez de los aportes “en la pluralidad de sus voces”.
“La transición de modelo no significa renunciar al desarrollo, sino redefinirlo colectivamente, priorizar las economías sostenibles, impulsar la agroecología, el manejo forestal comunitario, fortalecer el potencial de las energías renovables y la institucionalidad ambiental”, reflexionó.
Por su lado, Gustavo Ortega, vicerrector académico de la NUR, recordó que esa casa de estudios tiene como mandato atender las necesidades de los sectores más vulnerables. “Tener acá la Cátedra Bolivia no es una acogida protocolar, sino parte de nuestra misión. Estamos en un momento clave para el futuro del país, necesitamos un modelo de desarrollo que propicie bienestar basado en justicia, por ello valoramos tanto este tipo de espacios donde se producen reflexiones y propuestas”.
