Una mujer pega un letrero de búsqueda en la Nueva Terminal de Buses de Tarija. Foto: Yobana Knaudt
Es 2017, la lluvia empapa a Abigail y su pareja, oriundos de Tarija, quienes recorren las calles de Santa Cruz en motocicleta, preguntando garaje por garaje, repitiendo una rutina constante desde hace seis años: buscar el camión y, con él, alguna pista de su madre, Alejandra Iriarte Guerrero.
Se refugian en el primer alojamiento que encuentran. Tras instalarse, Abigail se dirige al patio a colgar su ropa y, mientras lo hace, levanta la mirada casi por inercia. Entonces lo ve. El camión.
Se queda inmóvil unos segundos, como si su mente necesitara confirmar lo que sus ojos ya reconocieron. Se acerca, lo rodea, lo observa con detenimiento. No hay duda: es el vehículo que desapareció junto a su madre el 30 de septiembre de 2011, el mismo que buscó sin descanso por carreteras, terminales y barrios enteros de Cochabamba, La Paz y ahora Santa Cruz. Está ahí, frente a ella, intacto y silencioso.
La búsqueda, tal como la conocía, terminó ese instante. Pero inició de otro largo viacrucis.
¿Dónde están?
En Bolivia, en promedio, seis de cada 10 desapariciones afectan a mujeres (60,6%), según datos del Observatorio de Trata y Tráfico del Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer (Cecasem). Solo en 2025 se reportaron 437 personas desaparecidas en el país, más de un caso por día. De ese total, 265 corresponden a mujeres y 172 a hombres.
La tendencia en este 2026, lejos de disminuir, se mantiene. Solo entre enero y febrero ya se registraron 48 nuevos casos, lo que confirma que este fenómeno —y en particular la ausencia de mujeres— sigue siendo una realidad persistente.
La desaparición de personas puede estar vinculada a distintos delitos como la trata de personas, el feminicidio, el secuestro u otros, pero no siempre responde a una misma causa. En el país existe una fuerte confusión conceptual: muchas desapariciones se asocian automáticamente a la trata, cuando en realidad responden a fenómenos distintos, según explica la especialista en el tema, Wara del Castillo, del Cecasem.
Persona desaparecida es aquella cuyo paradero se desconoce y cuya ausencia no ha sido explicada, generando una situación de incertidumbre para sus familiares. La desaparición puede ocurrir en diversos escenarios —violencia, conflictos familiares, accidentes o delitos—, pero en todos los casos implica la falta de información sobre el destino o ubicación de la persona y la necesidad urgente de activar mecanismos de búsqueda.
Antonio Vaca recuerda con precisión el día en que su hija desapareció: Es marzo de 2026, Valeria tiene 18 años, es estudiante y madre de una niña de dos años. Debe viajar desde Montero (Santa Cruz) para reunirse con su familia en Santa Rosa, pero nunca llega.
Sus allegados recorren calles, preguntan a vecinos y peregrinan por oficinas policiales donde, en lugar de respuestas, reciben sospechas y desinterés. “Decían que seguro se había ido con algún chico”, recuerda Antonio. Días después, llega una llamada. “Papá, estoy secuestrada”, alcanza a decir Valeria antes de que la comunicación se corte.
Ese rastro lleva a la captura de un hombre —un albañil de la zona, con varios hijos pequeños y cuya esposa ha fallecido—, quien inicialmente afirma que la joven es su pareja, pero luego cambia su versión y niega conocerla. Aunque es detenido, sale en libertad tras pagar una fianza y la investigación se diluye entre cambios de fiscales, audiencias suspendidas y negligencias.
Antonio tiene que dejar el caso para sostener su hogar y no perder su casa por una deuda bancaria. Hoy, tras casi 12 años, recorre las calles de Montero en una bicicleta adaptada, vestido con un traje de torero, vendiendo refresco de coco. A su lado está su nieta, que ya tiene 14 años y crece sin su madre, entre preguntas que aún no tienen respuesta.
“Uno sale a la calle y piensa que en cualquier momento la va a ver”, dice entre un llanto que no logra contener. Y aunque el tiempo pasa, hay algo que no cambia: la espera. “No pierdo la esperanza de que algún día mi hija vuelva”.
El impacto del duelo ambiguo
“El no saber qué ha pasado genera una incertidumbre total”, explica el psicólogo y docente universitario Javier Bladés. El duelo ambiguo ocurre cuando una persona desaparece y no se sabe si está viva o muerta, lo que genera una incertidumbre constante, explica el especialista. A diferencia de una muerte confirmada, este tipo de pérdida es más difícil de procesar porque no hay un cierre emocional ni una despedida clara. La mente se llena de preguntas y posibles escenarios, lo que provoca altos niveles de ansiedad, angustia y desesperación.
Durante los primeros meses, las personas atraviesan una fase intensa de búsqueda, donde intentan encontrar respuestas por todos los medios posibles. Sin embargo, al no obtener resultados, aparecen sentimientos de frustración y, con el tiempo, pueden derivar en depresión. Este proceso se vuelve crónico y afecta la estabilidad emocional.
En Bolivia, estos casos ocurren en medio de un vacío legal que dificulta una respuesta clara y oportuna. Wara del Castillo, del Cecasem, advierte que el país no cuenta con una normativa específica que establezca cómo deben actuar las autoridades ante la desaparición de una persona.
Actualmente, el principal marco legal es la Ley N° 263, que aborda la trata y el tráfico ilícito de migrantes, pero no establece procedimientos ni una ruta clara para casos de desaparición.
“Cuando una persona desaparece —sobre todo si es adulta—, no hay una ruta definida para la búsqueda y las acciones dependen de criterios dispersos o improvisados”.
Wara del Castillo, especialista del Cecasem
Hasta encontrarte
En medio de esa falta de rutas claras, cada caso se vuelve una lucha solitaria. Es el 18 de febrero de 2026 y Juana, de La Paz, se desespera cuando su hija no regresa tras salir a entregar un trabajo escolar. Recorre casas de familiares y acude a la Policía, donde la derivan de una oficina a otra. “Señora, vuelva en 48 horas para formalizar la denuncia”, le dicen.
Pero ella no espera. Revisa cámaras por su cuenta y encuentra una pista que la lleva a la terminal de buses: el nombre de su hija aparece en la lista de pasajeros de un bus rumbo a Tarija. Informa a la Policía, pero no obtiene respuesta.
Viaja por su cuenta. Camina durante días buscándola. “Ya no tenía plata y tenía que volver a La Paz, pero dije: ‘Dios, hoy es mi último día, ayúdame a encontrar a mi hija’”. Ese mismo día, 26 de febrero, tras ocho jornadas de búsqueda, la encuentra: su sobrino la tenía trabajando en una tienda de ropa, incomunicada, tras llevársela con engaños. Hoy están juntas, pero no todas las historias terminan así.
En Bolivia, la búsqueda de personas desaparecidas recae principalmente en los propios familiares, que deben recorrer oficinas, insistir ante fiscales y sostener la investigación con recursos propios.
Aunque ninguna ley boliviana establece explícitamente que la Policía deba esperar 48 o 72 horas para recibir denuncias de personas desaparecidas, este plazo se ha convertido en práctica recurrente por una interpretación errónea de la Ley Nº 3933 de Búsqueda, registro, información y difusión de niños, niñas y adolescentes extraviados, que solo fija 72 horas para la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en casos de menores de edad —si no los ubican, presumen delito—. Para adultos, sin normativa específica, aplican el mismo protocolo por defecto, generando inercia burocrática que retrasa búsquedas vitales.
Las primeras 48 horas son fundamentales: según el Protocolo de Palermo de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 80% de las personas desaparecidas se encuentran en ese lapso crítico, cuando las evidencias aún están frescas y los testigos recuerdan detalles clave.
“Me he convertido en detective”, dice Julia Ayala, una mujer de la tercera edad que, desde hace más de 20 años, busca a su hija Claudia María Bravo Ayala, la tercera de nueve hermanos.
Lo recuerda con nitidez. Su hija tiene 18 años, acaba de salir bachiller y está feliz porque consigue un trabajo en un café internet, en Santa Cruz. Durante tres meses va y viene, hasta que un día, el 5 de marzo de 2013, no regresa. Julia la busca en cada lenocinio, en cada restaurante, en cada calle, hasta que, varios años después, en vísperas de unas elecciones nacionales, su otra hija —aún adolescente— le dice: “Yo vi que Claudia va a sufragar”.
El día de la votación, Julia hace guardia durante toda la jornada hasta que finalmente aparece. Es su hija, pero «no es la misma». Está escoltada por un hombre que no le permite hablar con su madre. Tras insistir, logra llevarla al baño y, ahí, Claudia le dice: “Mamá, yo ya no soy digna de usted”.
Claudia ya no puede decidir por sí misma. Le pide a su madre que deje de buscarla, porque teme por su seguridad y la de sus hermanos. “A mi hija la prostituían”, dice Julia, conteniendo el dolor. Pero ese día no logra recuperar a su hija.
“Yo solo necesito un investigador y un abogado que me ayuden a encontrarla”, agrega, entre el llanto y una herida que no deja de abrirse, como ocurre con quienes viven buscando a alguien que no vuelve.
En la mayoría de los casos, las familias no reciben apoyo psicológico, pues no hay un seguimiento estatal, por lo que poco a poco, su salud emocional empieza a degradarse con una herida que aún sigue abierta.
El especialista Javier Blades advierte que, frente a estas situaciones, el acompañamiento psicológico es fundamental. Explica que “el psicólogo no resuelve la desaparición, pero sí cumple un rol clave de contención emocional, ayudando a las familias a mantener la claridad mental, sostener la esperanza sin colapsar y evitar que la angustia derive en crisis más profundas”. Además, señala que este apoyo permite ordenar el desborde emocional y fortalecer a quienes, muchas veces, deben seguir liderando la búsqueda pese al dolor.
La mayor concentración de casos de desaparición se registra en ciudades como La Paz, Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba. Los fines predominantes identificados son la explotación sexual —que alcanza el 77,14% de los casos— y la explotación laboral. Estos datos provienen del estudio “Caracterización de las víctimas de trata de personas en Bolivia” elaborado por el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD) en septiembre de 2025.
¿Qué dice el Gobierno?
A pesar de las denuncias de abandono institucional, desde el Viceministerio de Seguridad Ciudadana sostienen que existen acciones para enfrentar el problema. El viceministro, coronel Rolando Montaño Fernández, señala que se trabaja de manera coordinada con la Policía Boliviana, la Fiscalía, Interpol y la Cancillería, especialmente en casos que requieren cooperación internacional o la repatriación de personas encontradas fuera del país.
Entre las medidas mencionadas están el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y alerta temprana, el Bol-110 y los botones de pánico. A esto se suma una apuesta por la prevención mediante la educación: el Gobierno busca incorporar contenidos de seguridad ciudadana en la currícula escolar, entre ellos prevención de la trata y tráfico de personas, ciberseguridad y seguridad vial.
Pero la explicación gubernamental apunta también a otro factor. Montaño asegura que no todas las personas que abandonan su hogar necesariamente son víctimas de un delito o de una desaparición involuntaria: «Algunas personas salen del seno familiar, desaparecen, no dan parte a nadie, no hacen conocer ni a familiares, y de repente están trabajando en otros países o en el interior de nuestro país». Según explica, estas situaciones contribuyen al incremento de las cifras registradas como personas desaparecidas.
En cualquier caso, insiste en que la búsqueda depende de una denuncia formal y de los requerimientos fiscales; sin estos, sostiene, la Policía no puede intervenir plenamente en la investigación.
Esta explicación contrasta con los testimonios recogidos en este reportaje, en los que familiares relatan desapariciones involuntarias, describen demoras en la atención policial, derivaciones entre oficinas y dificultades para obtener respuestas durante la búsqueda. El propio viceministro reconoce que existen reclamos de familias que llevan años buscando a sus seres queridos y cuestionan la atención recibida.
Mientras el Gobierno sostiene que trabaja en coordinación, prevención y mecanismos de alerta, las familias continúan reclamando una respuesta oportuna.
El viacrucis de Abigail
La rabia fue lo primero. Cuando Abigail encuentra el camión en ese alojamiento de Santa Cruz, en 2017, quiere gritar, exigir respuestas, encarar a quienes estaban ahí, pero el impulso se frena de golpe. Un pensamiento la atraviesa: ¿y si son ellos los que dañaron a mi madre? El miedo le cierra la garganta y decide esperar.
Al día siguiente vuelve con la Policía de Diprove. Una simple revisión lo confirma: el camión está remarcado. Lo secuestran y lo trasladan a dependencias policiales, donde queda precintado. Para Abigail, ese hallazgo enciende una esperanza que llevaba años apagándose: si el camión estaba ahí, también podía haber respuestas sobre su madre.
Las personas que tenían el vehículo dicen que era una herencia, no presentan documentos y no son obligadas a declarar. El proceso avanza entre memoriales, cambios de investigadores y trámites que se dilatan. Abigail pide que se realicen pericias, como la prueba de luminol para detectar rastros biológicos en la cabina, pues quiere saber si ahí quedó alguna señal de lo que pudo haber ocurrido, pero no se hace.
Frente a ellos, Abigail suplica, se arrodilla y les pide que le digan dónde está su madre, pero nadie habla. Luego llega la pandemia en 2020. El caso queda en pausa y ella, atrapada en Tarija. Cuando por fin logra volver a Santa Cruz, el camión ya no está, tampoco los registros, ni los videos, ni los papeles, como si nunca hubiese existido.
Abigail insiste y pide justicia, pero recibe una advertencia: “No molestes, o te va a pasar lo mismo que a tu madre”.
Ella, con una hija pequeña, prefiere resguardar su seguridad personal, la de su hija y la de su familia, y deja el caso. Regresa a Tarija con las manos vacías, como al principio, pero con una certeza que le pesa más que la ausencia: que la justicia no llegó.
Hoy, en 2026, ya han pasado casi quince años desde la última vez que habló con su madre. La sigue buscando en noticias, en rumores, en cualquier pista mínima. No espera ya una explicación completa, le bastaría con saber dónde está, para enterrarla, para llevarle una flor, para dejar de buscar.
Asafavittp nació del dolor y la búsqueda
En Bolivia, donde las cifras de personas desaparecidas suelen ser fragmentadas y las respuestas institucionales insuficientes, las familias han tenido que organizarse para buscar por su cuenta. En ese contexto surge en Santa Cruz la Asociación de Apoyo a Familiares Víctimas de Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos (Asafavittp), una organización impulsada por madres y padres que comparten una misma herida: la desaparición de sus hijos.
Al frente está María Rita Hurtado, quien convirtió su dolor personal en una plataforma de apoyo y búsqueda colectiva. Su historia es el punto de partida: El 20 de junio de 2015, su hija Dayana Algarañaz, una estudiante universitaria de 20 años, salió de su casa y no volvió. Desde entonces, Hurtado ha enfrentado un camino marcado por la falta de respuestas, la pérdida de evidencias y la desatención institucional. Pero también ha sido el motor para la creación de una organización que hoy acompaña a otras familias en situaciones similares.
Asafavittp nació precisamente de esa necesidad de no enfrentar la búsqueda en soledad. Sin recursos económicos ni respaldo estatal constante, sus integrantes han impulsado campañas, elaborado afiches, rastreado pistas y articulado redes de apoyo entre víctimas. La organización ha logrado identificar patrones en varios casos —como el seguimiento previo a las víctimas o los raptos en espacios públicos— y denuncia la posible existencia de redes de trata. “El que vive esto sabe lo que es”, resume Hurtado, al explicar que su trabajo se sostiene en la experiencia directa, la urgencia y la convicción de que, ante la ausencia del Estado, las familias no pueden dejar de buscar.
(*Al momento de la elaboración de este reportaje, Rolando Montaño ocupaba el cargo de viceministro de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, dejó el cargo el 24 de abril de 2026).
