Dragas operan en los ríos de los territorios del TIM pese a las restricciones. Foto: CEJIS.
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Mientras nuevas denuncias alertan sobre contaminación por mercurio y afectaciones a la salud de pueblos indígenas amazónicos, las comunidades del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) demandan una respuesta urgente del Tribunal Agroambiental, que no se pronuncia desde el pasado febrero cuando los magistrados realizaron una inspección en el marco de la acción preventiva presentada en defensa del río Madre de Dios.
La preocupación por los impactos de la minería aurífera y el uso de mercurio vuelve a tomar fuerza en la Amazonía boliviana. En los últimos días, representantes del pueblo indígena Ese Ejja del municipio de Reyes, en el departamento del Beni, denunciaron públicamente una grave situación de contaminación que estaría afectando el agua, la pesca, la producción y la salud de sus comunidades.
Nair González, presidente de la comunidad indígena, llegó hasta la sede de gobierno para denunciar que al menos 12 personas habrían fallecido y que otras se encuentran enfermas en un contexto de exposición al mercurio. También señaló que las familias continúan utilizando el agua del río porque no cuentan con otra fuente de abastecimiento, mientras el pescado —uno de sus principales alimentos— también estaría siendo afectado por la contaminación.
Solo silencio
Al respecto, el presidente del TIM II, Lucio Ayala, manifestó públicamente su preocupación y cuestionó la falta de respuestas oportunas tanto del Estado como de la justicia agroambiental.
“Nos preocupa el silencio del Estado y también el silencio del Tribunal Agroambiental, mientras nuestros ríos están siendo afectados y nuestros hermanos indígenas están sufriendo las consecuencias de la contaminación con mercurio”, dijo Ayala.
El dirigente advirtió además que, si las demandas de los pueblos indígenas no encuentran respuesta efectiva dentro del país, las organizaciones analizarán acudir a mecanismos internacionales de protección de derechos.
En la misma línea, Javier Fernández, presidente de la Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP), denunció la contaminación de las aguas del río Madre de Dios vinculada a la explotación ilegal de oro y alertó sobre las consecuencias que esta situación ya está generando en la salud de las familias indígenas.
“Eso ya es preocupante porque nosotros tenemos bastantes pruebas de cabello y estamos afectados con mercurio los indígenas. Todo el mundo, todas las autoridades lo saben”, señaló Fernández.
Acción preventiva ambiental
Las nuevas denuncias ratifican la expansión de la minería aurífera y sus impactos sobre los ríos, la salud y los sistemas de vida indígenas. Esta misma preocupación motivó al Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), conjuntamente sus organizaciones matrices, a acudir a la justicia agroambiental, en julio del año pasado, mediante una Acción Ambiental Preventiva Directa en defensa del río Madre de Dios, proceso que actualmente se encuentra en conocimiento de la Sala Plena del Tribunal Agroambiental.
La acción busca, entre otros aspectos, frenar las actividades mineras ilegales e irregulares, garantizar una fiscalización efectiva, proteger los derechos colectivos de las naciones Tacana, Cavineña y Ese Ejja, precautelar la salud de las comunidades y avanzar en el reconocimiento y protección del río Madre de Dios como sujeto de derechos.
Dentro de este proceso se han presentado estudios técnicos, resultados de laboratorio, monitoreos territoriales indígenas e información georreferenciada que alertan sobre contaminación, presencia de mercurio en los cuerpos de agua y organismos humanos, pérdida de bosques y chacos productivos, erosión de las riberas y operaciones mineras fuera de áreas autorizadas.
Además, los días 4 y 5 de febrero de 2026, magistradas y magistrados del Tribunal Agroambiental realizaron una inspección técnica ocular en sectores del río Madre de Dios próximos a las comunidades de Genechiquia y Miraflores, con el propósito de conocer directamente la situación denunciada por las comunidades.
Sin embargo, hasta la fecha no se conoce una resolución de fondo que defina con claridad las medidas de protección que deberán adoptarse para precautelar el río Madre de Dios y los derechos de las comunidades afectadas.
Para el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), institución que acompaña técnica y jurídicamente a las organizaciones indígenas en este proceso, las recientes denuncias muestran la necesidad de que las instituciones estatales actúen con celeridad, prevención y precaución. En materia ambiental, esperar a que los daños sean irreversibles contradice precisamente la finalidad del derecho preventivo.
La decisión que debe adoptar el Tribunal Agroambiental constituye una oportunidad importante para establecer medidas efectivas de protección y responder a una problemática que ya no solamente se refiere al aprovechamiento de un recurso mineral. Lo que está en discusión es también el derecho al agua, a la alimentación, a la salud, al territorio, a la consulta previa y a la continuidad de los sistemas de vida de los pueblos indígenas amazónicos.
Asimismo, la resolución representa una oportunidad para avanzar en el reconocimiento del río Madre de Dios como sujeto de derechos, garantizando su protección, conservación y capacidad de regeneración frente a los daños provocados por la minería; así como que se adopten garantías para las autoridades y dirigencias indígenas, monitores territoriales y el equipo técnico que acompaña este proceso, reconociendo su labor como defensores del territorio, del medio ambiente y de los derechos humanos.
La denuncia realizada por el pueblo Ese Ejja en Reyes vuelve a recordar una realidad urgente, la contaminación por mercurio no reconoce límites territoriales y sus consecuencias tampoco esperan los tiempos administrativos o judiciales.
