Indígenas de la Amazonía. Foto: CEJIS
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Liderazgos indígenas de la Amazonía, la Chiquitanía y el Chaco acordaron que la defensa de los territorios requiere una estrategia articulada que combine incidencia política, fortalecimiento organizativo, justicia indígena y control territorial. Estas conclusiones surgieron del taller “Estrategias de defensa territorial de los pueblos indígenas de tierras bajas”, los días 21 y 22 de julio en Santa Cruz de la Sierra.
El encuentro reunió a representantes de pueblos indígenas, organizaciones de mujeres, autoridades territoriales y organizaciones de apoyo con el objetivo de analizar los principales desafíos que enfrentan los territorios indígenas y construir una agenda común de acción.
“Vamos a seguir en alerta junto a nuestras bases ante cualquier situación de amenaza que pueda haber dentro de nuestros territorios”, dijo Lucio Ayala, presidente del Territorio Multiétnico II, al momento de leer las conclusiones.
Entre las principales preocupaciones identificadas se encuentra el avance de actividades extractivas, particularmente la minería, los incendios forestales, los avasallamientos y las iniciativas vinculadas a mercados de carbono, procesos que —según los participantes— ejercen una creciente presión sobre los territorios indígenas y sus recursos naturales. Asimismo, se alertó sobre los impactos de la contaminación por mercurio, la degradación de fuentes de agua y la vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada.
“Ya hemos detectado que hay mercurio contaminando los ríos dentro del territorio Monte Verde, en aguas de San Javier”, dijo la primera cacique de la Central Indígena de Concepción, Marcela Chuvé, en una de las intervenciones que relataron la penetración de la minería aurífera también en la Chiquitanía.
En ese contexto, respaldaron las acciones constitucionales y agroambientales promovidas por organizaciones indígenas para la protección de sus territorios, como la acción preventiva para defender el río Madre de Dios , y exigieron medidas efectivas para garantizar la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
La unidad
Las organizaciones coincidieron en que la fragmentación del movimiento indígena y el debilitamiento de algunas estructuras de representación dificultan una respuesta efectiva a estas amenazas. Por ello, una de las principales conclusiones fue la necesidad de reconstruir la unidad desde las bases, fortalecer la gobernanza territorial y promover liderazgos comprometidos con los principios y valores de los pueblos indígenas.
Las organizaciones alertaron además sobre la necesidad de que cualquier futura normativa relacionada con tierras, minería, recursos naturales o mercados de carbono sea tratada mediante procesos transparentes y con participación de los pueblos indígenas.
Entre las estrategias priorizadas destacan la implementación de sistemas de monitoreo territorial, la elaboración de protocolos propios de consulta previa, el fortalecimiento de la justicia indígena, la creación de brigadas socioambientales, la formación de periodistas indígenas comunitarios y la construcción de alianzas con medios de comunicación para visibilizar los conflictos y desafíos que enfrentan los territorios.
