Este domingo 10 de diciembre se conmemoran los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, en coincidencia, se recuerdan los 47 años de la fundación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).
En esta fecha, la presidenta de la Asamblea, Amparo Carvajal, indica que los derechos humanos se encuentran “en una situación de alta vulnerabilidad” en Bolivia, además hace notar que en el país hay presos políticos y que la casa de la APDHB continúa avasallada desde hace más de seis meses, pues fue tomada por un grupo afín al gobierno de Luis Arce el 2 de junio pasado y, pese a que los intrusos fueron desalojados, el inmueble no fue devuelvo a la presidenta.
“En estos tiempos donde los Derechos Humanos deberían ser el pilar fundamental del país, ocurre todo lo contrario en el estado Plurinacional de Bolivia, teniendo a más de un centenar de presos políticos y mucha gente que tuvo que salir del país dejando a su familia y la tierra que le vio nacer”, indica el comunicado suscrito por Carvajal y por el presidente de la Asamblea de La Paz, Javier Quisbert.
Agrega que “la casa de los derechos humanos sigue avasallada y su presidenta en la calle desde el 2 de junio, más de seis meses, sin que el Estado dé una solución al conflicto”.
Luego de la toma violenta de la sede de Derechos Humanos, ocurrida el 2 de junio pasado, Carvajal se instaló en una vigilia que duró 51 días en las afueras del inmueble, 12 de los cuales permaneció en la terraza de la institución sin acceso a servicios básicos y soportando el frío invierno de La Paz.
La toma de la institución fue protagonizada por el grupo de Edgar Salazar, que se arroga la representatividad de la institución y que tiene afinidad con el oficialismo.
El 22 de julio, Carvajal levantó la vigilia luego de la mediación del cónsul de España en Bolivia, Guillermo Gil, quien la acompañó en su salida por la puerta principal de la institución, mientras que el grupo paralelo abandonó la sede por la parte trasera de la institución.
Posteriormente, Carvajal improvisó un escritorio para atender en la calle.
En su comunicado, la activista concluye diciendo que “un país que no respeta los derechos humanos no puede ser libre ni vivir en una verdadera democracia”.
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