Carta Pública de la CIPLA al Gobierno.
La Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA) solicitó al Gobierno nacional medidas urgentes de protección para los habitantes de la comunidad Torewa, quienes denuncian amenazas e inseguridad tras el asesinato de Francisco Marupa, ocurrido el 12 de febrero en su chaco, dentro del Parque Nacional Madidi.
«La aprehensión de uno de los presuntos autores materiales del asesinato, lejos de traer tranquilidad, ha exacerbado las amenazas contra quienes han colaborado con la justicia. Nos informan los miembros de la comunidad Torewa: ‘Hoy, nos encontramos en una situación de extremo riesgo. Nosotros corremos real peligro. Caminamos solos uno o dos por el río Beni, que es el único acceso que tenemos, en el trayecto'», expresan en una carta abierta dirigida al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca, al fiscal general Roger Mariaca y al defensor del Pueblo Pedro Callisaya.
Este 17 de febrero, el presunto victimario de Marupa, de nombre Julio L.T., fue enviado a la prisión de San Pedro de La Paz, con detención preventiva de cinco meses, de acuerdo con información del Ministerio de Justicia. Se lo procesará por el delito de homicidio.
La CIPLA advierte que este crimen no fue aislado, sino que es consecuencia de la creciente violencia y la sistemática invasión de su territorio ancestral por parte de mafias dedicadas a la minería ilegal y al tráfico de tierras. «En mi calidad de Capitán Grande, he denunciado reiteradamente estos hechos, alertando sobre los desalojos forzados, la quema de viviendas y las constantes intimidaciones que sufren nuestros comunarios», escribió la principal autoridad de la zona, Dionicio Gutiérrez.
Ante esta situación, CIPLA exige al Estado la implementación de garantías de seguridad para la comunidad, la presencia permanente de fuerzas del orden en la zona, una investigación exhaustiva del asesinato de Marupa, la sanción a los responsables de la minería ilegal y el cumplimiento de sus derechos constitucionales, incluyendo el respeto a la autonomía indígena.
Además, la organización demandó apoyo económico, social y psicológico para la familia de la víctima.
«No solo mataron a un indígena Leco, también mataron la esperanza de defender nuestra tierra», concluye la carta firmada por la Central Indígena del Pueblo Leco y las autoridades que la conforman.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento sobre la solicitud de protección realizada por CIPLA.
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