Detectan explotación ilegal y avasallamiento en áreas mineras de Potosí

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Operativo de la AJAM en Potosí. Foto: AJAM

Operativo realizado en Potosí. Foto: AJAM

Una inspección técnica realizada por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) evidenció la existencia de operaciones extractivas sin autorización dentro de concesiones legalmente establecidas en el departamento de Potosí. La intervención confirmó además la ocupación irregular de predios mineros, en un caso que ya deriva en acciones legales.

El operativo se llevó a cabo en las áreas identificadas como TNT 1 y TNT 4, ubicadas en jurisdicciones de los municipios de Potosí, Puna y Caiza “D”, en las provincias Tomás Frías y José María Linares. La verificación se realizó a partir de una solicitud de amparo administrativo presentada por la empresa Sociedad Minero Metalúrgica Reserva Ltda.

Durante el trabajo en campo, personal técnico y jurídico constató la presencia de bocaminas activas, campamentos improvisados, maquinaria pesada y acumulación de material mineralizado. Estos elementos, según el informe preliminar, dan cuenta de actividades en curso que no cuentan con respaldo legal.

De acuerdo con la AJAM, las labores detectadas se desarrollan dentro de áreas con derechos mineros vigentes, lo que configura un escenario de avasallamiento que interfiere con las operaciones autorizadas. La entidad también advirtió que la magnitud de la explotación ilegal es considerable y que en anteriores intentos no se logró ingresar a la zona debido a la resistencia de los ocupantes.

Ante esta situación, la institución anunció el inicio de procesos penales contra quienes resulten responsables, con el objetivo de frenar la actividad ilícita y restituir el control sobre las concesiones afectadas.

Asimismo, la AJAM informó que mantendrá el seguimiento del caso dentro del procedimiento administrativo en curso, reforzando las tareas de fiscalización para asegurar el cumplimiento de la normativa minera.

La entidad señaló que este tipo de operativos forma parte de una estrategia más amplia a nivel nacional para combatir la explotación ilegal y resguardar la seguridad jurídica en el sector minero.

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