Una familia distribuye agua a los marchistas a su paso por Villa Fátima.
Con muestra de apoyo, la marcha llega a su destino: el último grupo ingresa a La Paz y refuerza su demanda de abrogar la Ley 1720
Con agua, refrescos, pan, caramelos y mensajes de aliento, vecinos y comerciantes de Villa Fátima y Miraflores salieron al encuentro de la marcha de indígenas y campesinos, quienes —luego de 25 días de caminata— recibieron agradecidos las muestras de apoyo.
En pleno otoño y en una de las zonas más frías de la ciudad, por la cercanía con la Cumbre, los movilizados sintieron la dureza del frío mañanero en La Paz y comenzaron su jornada bebiendo un poco de mate, para contrarrestar el mal de altura, o café caliente, para hacer frente a las bajas temperaturas.
Luego iniciaron el descenso hacia el centro de La Paz, en el último tramo de su recorrido hasta la sede de gobierno. Los movilizados exigen la abrogación de la Ley 1720, que promueve la conversión de la pequeña propiedad agraria en mediana.
A medida que la protesta recorría la zona, vecinos, familias y comerciantes se acercaron para ofrecerles agua, refrescos, pan, galletas y caramelos, pero también les brindaron mensajes de apoyo, con arengas como: “¡Ánimo, compañeros!”, y “¡Fuerza, sigan adelante!” De igual manera, fueron recibidos con aplausos.
Una familia, compuesta por la mamá y dos niñas se acercaron a los marchistas para distribuirles agua envasada en bolsas. Por su lado, las comerciantes del mercado de Villa Fátima les ofrecieron refrescos y jugos. “Son nuestros hermanos, es nuestra obligación aportar con algo”, comentó una de ellas.
Otra mujer llegó con bolsas de caramelos. “Es para darles energía”, dijo mientras distribuía la ayuda.
Más abajo, choferes de la flota Yungueña también se solidarizaron con agua y gaseosas para saciar la sed de los movilizados; incluso dispusieron de una vagoneta para llevar y distribuir de a poco los aportes.
Pese al visible agotamiento y los efectos de la altura en sus organismos, las señales de apoyo fueron un impulso para que los marchistas sigan adelante. Sin embargo, al mediodía, con el cielo despejado, la temperatura alcanzó los 16 grados y varios indígenas de tierras bajas se descompusieron por las dificultades para respirar, viéndose obligados a dejar temporalmente la columna.
Una marchista sufre los efectos de la altura paceña.
La movilización tiene previsto celebrar un mitin en ese lugar, cerca de las 13.10, donde expondrán su demanda al Gobierno: la abrogación de la Ley 1720, pues no fueron consultados para su aprobación en el Legislativo, y la dotación y titulación de tierras, un proceso que lleva años postergado.
El Presidente dice que se debe conciliar
Por su lado, el presidente Rodrigo Paz afirmó que es necesario conciliar el país para que ninguna región se imponga sobre otra y planteó perfeccionar la Ley 1720 para garantizar seguridad jurídica a todos los sectores. Llamó a construir acuerdos entre regiones “hablando con la verdad” para avanzar juntos por el bienestar de Bolivia.
Los cuestionamientos a la norma
La protesta —denominada Marcha por la defensa de los Bosques de la Amazonía y la Seguridad Jurídica de los Territorios— partió hace 24 días desde el norte amazónico con demandas estructurales sobre territorio, leyes agrarias y condiciones económicas.
La movilización demanda la abrogación de la norma que autoriza la conversión de la pequeña propiedad agraria. Indígenas y campesinos argumentan que es inconstitucional, pues viola al menos cuatro artículos de la Carta Magna y se constituye en una amenaza para la propiedad individual y colectiva.
En el primer caso, temen la expropiación de los predios que vayan a ser hipotecados en los bancos, pues una de las finalidades de la ley es que, una vez realizada la conversión, los propietarios recurran al sistema financiero para potenciar la producción y se vean impedidos de pagar sus deudas.
En cuanto al impacto que esto tendrá en la propiedad colectiva, se teme que el cambio de matriz productiva y la mercantilización de las tierras (destinadas a la producción de subsistencia) altere el entorno cultural.
Las y los movilizados también reclaman que la norma no haya sido consensuada, como establece una convención internacional (Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes).
Por su lado, el Gobierno sostiene que la conversión no es obligatoria, sino voluntaria, y que la Ley 1720 no viola la Carta Magna ni afectará a las propiedades colectivas. Según el Ejecutivo, esta es una oportunidad de desarrollo para los propietarios individuales ya que podrán obtener créditos para fortalecer la producción.
El Ejecutivo envió varias comitivas para dar alcance a los marchistas e instalar diálogos acerca de la norma, pero sin negociar la abrogación.
Inicialmente, esta norma fue redactada y propuesta al Legislativo por parte de asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS). Como su tratamiento no prosperó se quedó “dormida” durante al menos un par de años y en esta nueva gestión fue repuesta por el senador de Libre, Branko Marinkovic.
