Cruzada para la aprobación de la ley. Foto: Radio Nacional de Colombia
Entre 2020 y 2025, en Colombia se registraron 204 casos de mutilación genital femenina (MGF), casi el 60% en niñas de entre 0 y 5 años de edad. Este 11 de junio, el Congreso del país neogranadino sancionó la Ley 440, conocida como Ley Niñas sin Ablación, que tiene por objeto prevenir, atender y erradicar la mutilación genital femenina.
Si bien esta práctica no está tan extendida como en naciones de África y Asia, aún se conserva en determinadas poblaciones indígenas de Colombia, con el consiguiente perjuicio para la salud física, mental y psicológica de miles de mujeres.
Según un reporte de Radio Nacional de Colombia, la norma plantea una respuesta integral frente a la mutilación genital femenina, también conocida como ablación. «Su enfoque no se limita al castigo, sino que prioriza la prevención, la pedagogía comunitaria, la atención a las víctimas y el fortalecimiento institucional», informó el medio.
Entre las medidas contempladas están la creación de estrategias pedagógicas en comunidades (por ejemplo con campañas comunitarias), el fortalecimiento de los sistemas de información para registrar los casos (mecanismos de detección y reporte), estrategias de acción con enfoque intercultural y diferencial, y la definición de rutas de atención en salud para víctimas actuales o potenciales.
De acuerdo con Equality Now, —organización que vela por la igualdad y lucha contra la violencia y explotación sexual en el planeta— entre 2020 y 2025 se documentaron 204 casos en Colombia, de los cuales 177 involucraron a niñas indígenas, principalmente en las comunidades de Risaralda y Chocó. Sin embargo, la institución señaló que el subregistro sigue siendo uno de los principales retos para dimensionar el problema.
Aunque la práctica ha sido identificada especialmente en comunidades embera, lideresas indígenas han insistido en que no todas las comunidades la realizan y que muchas mujeres han impulsado procesos internos para erradicarla, sostiene el reporte de Radio Nacional Colomiba.
Un reportaje de la DW da cuenta de que el abordaje de esta temática con las poblaciones indígenas comenzó hace más de 10 años. En 2016, las comunidades emberás firmaron un compromiso para erradicar esta práctica, pero la iniciativa fue abandonada dos años después con el cambio de gobierno. Como la finalidad era hacer de esta causa una política pública, en 2024 se retomó con la propuesta de ley hoy sancionada.
Según la DW, con el tiempo, la mutilación genital también ha registrado un desplazamiento geográfico, que tiene a Bogotá como uno de las zonas donde se registran más casos. Esto se explica porque algunos emberás han abandonado los territorios que tradicionalmente ocupan para llegar a habitar la capital colombiana.
Qué es la MGF y por qué se considera una violación de derechos
De acuerdo con el programa de las Naciones Unidas para la Niñez y la Infancia (UNICEF), la mutilación genital femenina consiste en los procedimientos para la extirpación total o parcial de los genitales externos de la mujer u otras lesiones en los órganos genitales femeninos con fines no médicos. Se practica sobre todo en niñas que se encuentran entre la edad infantil y los 15 años.
A pesar de que el número total de niñas y mujeres víctimas de ablación sigue siendo desconocido, se estima que al menos 230 millones de niñas y mujeres de 31 países en tres continentes han sido sometidas a esta práctica. Pese a los avances para erradicarla, los avances han sido muy dispares. En algunos países sigue siendo tan habitual como lo era hace 30 años. En Guinea o Somalia, por ejemplo, más del 90% de las mujeres y las niñas de entre 15 y 49 años han sufrido algún tipo de ablación genital.
Además, una alarmante tendencia hacia la medicalización de la MGF preocupa en el mundo, pues personal de los centros de salud está siendo involucrado en esta práctica, lo cual vulnera la ética médica y profundiza el riesgo legitimar el procedimiento.
«Independientemente de cómo se practique, la mutilación genital femenina constituye una violación de los principios universales de los derechos humanos!, pues vulnera los principios de igualdad y de no discriminación por razones de género. «Asimismo, atenta contra el derecho a no ser sometida a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes y vulnera el derecho a gozar del máximo nivel posible de salud, el derecho a la integridad física y, en general, los derechos de la infancia. En los peores casos, la mutilación genital femenina constituye incluso una violación del derecho a la vida», se lee en su portal.
¿Por qué se sigue practicando?
UNICEF alerta que «existen muchos factores que contribuyen a la pervivencia de esta práctica». Sin embargo, en todas las sociedades donde se realiza, la mutilación genital femenina «es la manifestación de una desigualdad de género profundamente arraigada».
Algunas sociedades la ven como un rito iniciático; otras la utilizan para reprimir la sexualidad de las niñas o salvaguardar su castidad. Ni el islam ni el cristianismo respaldan esta práctica, pero es habitual que se recurra a los textos religiosos para justificarla.
En los lugares donde está más extendida, las comunidades la consideran un requisito para el matrimonio o la herencia. Esto hace que sea difícil para los progenitores no someter a sus hijas a esta práctica. «Las familias que rechazan participar en la mutilación genital femenina se enfrentan al ostracismo y exponen a sus hijas al riesgo de no ser aptas para el matrimonio», se lee.
