Cuando se cumplen 39 días de bloqueos, enfrentamientos y vulneraciones a los derechos humanos en diversas regiones del país, el presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley de Estados de Excepción y anunció que ya tiene un plan diseñado para su ejecución.
En su alocución dijo que la aprobación y promulgación de la norma representa la voluntad popular expresada a través de los legisladores y su autoridad, recordando que las autoridades nacionales fueron elegidas en las urnas, con amplia mayoría.
“La ley que hoy promulgué representa la decisión de todos los bolivianos a través de los dos tercios de los representantes de la voluntad popular en el Parlamento, en consenso con nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, bajo la presidencia de esta autoridad electa con 55% de los votos, junto a este gabinete, bajo la lógica de defender a las grandes mayorías contra quienes interrumpir el proceso democrático”.
El jefe de Estado no dijo expresamente si el Gobierno aplicará o no la medida, pero adelantó que el plan que elaboraron se “irá cumpliendo” para “retomar la normalidad”.
En ese sentido se dirigió a las fuerzas del orden instándoles a aplicar la norma “con firmeza”, pero en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE).
“A las Fuerzas Armadas y la Policía: Hoy, bajo la Constitución, bajo el mandato del Parlamento, en ley promulgada por el presidente, ustedes tiene la responsabilidad de cuidar nuestro futuro, actuar con firmeza, respetando los derechos humanos, pero sobre todo espetando nuestra Constitución, que ampara a todos los bolivianos”, sostuvo.
Enseguida añadió que “esta norma les permite llevar adelante el plan que ya hemos diseñado. Bolivia tiene un plan y lo vamos a ir cumpliendo porque debemos retomar la normalidad para que la economía crezca. La patria confía en su misión histórica de proteger la democracia y la paz”.
Apunta al «narcoterrorismo» y dice que no renunciará
La promulgación de la norma se llevó a cabo en un acto desarrollado en la Casa Grande del Pueblo, con presencia de su gabinete, de los presidentes y vicepresidentes de la Cámara de Diputados y de Senadores y del Alto Mando militar y policial.
Paz sostuvo que concluirá su gestión en 2030 y apuntó al narcoterrorismo como el promotor de la actual crisis que ha fracturado la relación entre el Ejecutivo y las organizaciones sociales. «Así como con (Sebastián) Marset, tienen los días contados», advirtió.
Por su lado, los dirigentes de los sectores movilizados cuestionan que las políticas de Paz no condicen con sus ofertas electores y buscan “entregar al país” a las inversiones extranjeras. Arguyen que por esa razón se sienten “traicionados” y exigen su renuncia como única demanda.
Pese a los pedidos y acciones asumidas por diversas instituciones, entre ellas el propio Gobierno, en estos 39 días ha sido imposible instalar una mesa de negociaciones. En todo caso, Paz volvió a llamar hoy al diálogo.
