Personas que estuvieron en las manifestaciones del 19 de mayo en La Paz. Foto: TinformasBolivia
El Ministerio Público investiga a 323 personas por su presunta participación en los bloqueos y movilizaciones registrados en el país desde el 13 de mayo. De ese total, 22 fueron enviadas a detención preventiva, mientras avanzan las investigaciones relacionadas con los conflictos sociales, informó este jueves el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, en entrevista con Fides.
Torrez señaló que la Fiscalía abrió 100 casos vinculados a los bloqueos, de los cuales 17 fueron iniciados de oficio tras la verificación de información obtenida a través de medios de comunicación, reportes públicos y redes sociales.
Según los datos oficiales, 154 personas fueron arrestadas y 157 quedaron sujetas a medidas cautelares. Los procesos investigan presuntos delitos como destrucción y deterioro de bienes del Estado, instigación pública a delinquir, terrorismo y porte o tenencia ilícita de explosivos.
Entre los casos que son objeto de investigación se encuentran la muerte de una persona en Vilaque, la quema de un vehículo en un punto de bloqueo, denuncias de fallecimientos presuntamente relacionados con la interrupción de carreteras, ataques a ambulancias y agresiones contra instituciones públicas, incluido el Tribunal Departamental de Justicia.
Torrez indicó que el Ministerio Público conformó una comisión de fiscales de crisis y contingencias encargada del monitoreo y análisis de los hechos registrados durante las protestas. Asimismo, informó que tras las movilizaciones del 10 de junio se abrieron seis nuevos procesos.
La Fiscalía también descartó que existan presiones políticas para paralizar las investigaciones o dejar sin efecto órdenes de aprehensión. El fiscal departamental afirmó que la institución actúa con independencia y que sus actuaciones responden exclusivamente al mandato constitucional de investigar hechos denunciados o conocidos de oficio.
“No estamos subordinados al Poder Ejecutivo ni al Legislativo. Nuestra función es investigar y emitir las resoluciones correspondientes dentro del procedimiento establecido”, sostuvo Torrez.
La autoridad remarcó que el Ministerio Público no considera la posición política de los investigados y que cualquier decisión procesal se basa en la valoración de los antecedentes y elementos recolectados durante las investigaciones.
