Enfrentamientos en Montero, donde murieron dos cívicos. Foto: ANF
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado este martes que las víctimas de la crisis política y social de 2019, aún no tienen acceso a reparaciones integrales y, como sustento de su afirmación, acompañó el informe de la Mesa de Seguimiento (MESEG) al informe presentado por el GIEI.
“A 4 años de la crisis política y social en Bolivia, las víctimas aún no tienen acceso a las reparaciones integrales”, dijo la CIDH mediante su cuenta X, donde agregó, mediante un video, que “toda víctima de violación a sus derechos debe ser reparada integralmente. Bolivia debe institucionalizar la implementación de la política nacional de reparaciones en coordinación con las víctimas y familiares”.
Hace cuatro años, justamente en noviembre, Evo Morales renunció a la Presidencia, en medio de una alta convulsión agravada luego de que la OEA emitiera un informe dando cuenta de los resultados “dolosos” de las elecciones generales.
Luego asumió el mando del país la entonces senadora opositora Jeanine Añez, quien puso en marcha diversos operativos para desbloquear carreteras y calles, producto de los cuales 10 personas murieron en Senkata y otras 10 en Sacaba. Otros ciudadanos perdieron la vida en sucesos atribuibles a los grupos afines al Presidente renunciante, como en Montero.
La reparación integral de las víctimas, sin importar de qué bando estaban cuando ocurrieron las vulneraciones, es la primera recomendación del GIEI. Al respecto, la Mesa de Seguimiento, que emitió su informe en septiembre de este año, llegó a la conclusión de que no hubo tal reparación e hizo notar que no solo se trata de dar aportes humanitarios.
“En definitiva, para el cumplimiento de esta recomendación, es necesario que el Estado impulse los procesos de implementación de la Política de Reparación en coordinación con las víctimas y la sociedad civil, atendiendo al contexto y necesidades de las víctimas. Las reparaciones deben garantizar su integralidad, contemplando, cuando sea posible, medidas de restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición”, indica una de las conclusiones del informe de la MESEG.
La Mesa “resalta la necesidad de que el Estado asegure la aplicación de los principios de objetividad, razonabilidad y efectividad que, según la Corte IDH, deben estar presentes en toda política de reparaciones. Esto es particularmente relevante en contextos donde se identifica una polarización al interior de la sociedad, en ese sentido y en aras de la reconstrucción del tejido social, resulta relevante que se reconozca la calidad de víctimas en igualdad de condiciones”.
Por otro lado, la Comisión pide transparencia en el cumplimiento de esta recomendación. “Para el cumplimiento de esta recomendación es necesario que la metodología de implementación del censo o registro de víctimas se realice de manera transparente y a partir de criterios previamente establecidos de conformidad con lo establecido en el Informe Final del GIEI”.
Investigaciones sin avances
El informe de la Mesa de Seguimiento también observó que existen muchas investigaciones sin avances.
Entre los procesos que registran poco o ningún avance se encuentran aquellos que tienen que ver con víctimas no masistas, como son la quema de las viviendas de Waldo Albarracín y Casimira Lema, los hechos violentos de Montero, la muerte del activista Julio Llanos en El Prado y la quema de los buses Puma Katari, entre otros.
Sobre la quema de los buses Puma Katari, indica que el caso se encuentra en etapa preliminar, que se ha emitido sobreseimiento para tres imputados y respecto a los demás se siguen realizando investigaciones.
En torno al caso Montero, donde fallecieron dos personas del bando de los cívicos, se menciona que no se ha trabajado en la individualización de las responsabilidades.
Los casos Sacaba y Senkata, si bien registran avances, aún no se había producido la acusación cuando se emitió el informe MESEG.
Ahora, las cosas han cambiado porque los dos juzgados que estaban llevando el caso, han declinado competencia arguyendo que Añez debe ser procesada en un juicio de responsabilidades y no en juzgados ordinarios como pretende el Gobierno de Luis Arce.
En sus conclusiones, refiriéndose a todos los casos y no específicamente a los señalados, el informe MESEG de la CIDH indica que “continúa siendo de especial preocupación para la Comisión el elevado número de investigaciones que se reportan sin avances (…) A partir de esta información, uno de los principales desafíos identificados por la CIDH en torno al cumplimiento de las recomendaciones del GIEI Bolivia radica en las dificultades para un adecuado acceso a la justicia de las víctimas”.
En ese sentido, la CIDH llama a reforzar los esfuerzos estatales para romper el ciclo de impunidad a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos y, de esta manera, lograr que se generen cambios reales en la vida cotidiana de las personas”.
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