Sumando Voces
La Mesa de seguimiento (MESEG) a las conclusiones emitidas por el GIEI tras la crisis política del 2019, en su primer informe anual emitido el 18 de septiembre, establece un cumplimiento parcial de las recomendaciones, observa que existen muchas investigaciones sin avances y hace notar que el tipo penal del terrorismo sigue vigente, pese a las recomendaciones de adecuarlo a estándares internacionales. La expresidenta Jeanine Añez, el gobernador Luis Fernando Camacho y otros opositores están presos justamente por ese tipo penal.
Entre los procesos que registran poco o ningún avance se encuentran aquellos que tienen que ver con víctimas no masistas, como son la quema de las viviendas de Waldo Albarracín y Casimira Lema, los hechos violentos de Montero, la muerte del activista Julio Llanos en El Prado y la quema de los buses Puma Katari, entre otros.
El ministro de Justicia, Iván Lima, prefirió ver el vaso medio lleno. En la red social X dijo que “el informe es positivo para el Estado boliviano, pues de las 15 recomendaciones evaluadas, 2 han sido de cumplimiento total, 3 de cumplimiento parcial sustancial, 9 de cumplimiento parcial y una pendiente de cumplimiento”. La última se refiere al seguimiento que debía hacer el Órgano Judicial a los casos para garantizar su celeridad.
Sin embargo, el informe va detallando cada uno de los procesos y encuentra poco avance en los mismos.
Sobre la muerte de Julio Llanos, el activista que fue agredido por grupos seguidores de Evo Morales en El Prado, el informe indica que “el proceso sigue en etapa preparatoria” y, “aunque se han identificado posibles autores del hecho investigado, no se han terminado con las actividades investigativas”.
“Respecto de la quema de la casa de Casimira Lema, en el proceso sólo se identificó a una persona de las más de 30 que participaron del hecho, pero el 9 de setiembre de 2020, se emitió una Resolución de Rechazo a favor de la imputada. Luego de eso, se emitió una resolución de reapertura el 14 de enero del 2022 para completar diligencias y recojo de pruebas. Finalmente, el 27 de marzo de 2022 se emitió Resolución de Rechazo”, señala el reporte.
Respecto de quema de casa de la familia Albarracín: “El proceso está en etapa de juicio. Se han sobreseído a 2 personas, se mantienen 3 personas como imputadas dentro del proceso. No se han dado avances sustantivos por demoras dentro de la tramitación del Ministerio Público. Se mantienen personas con medidas restrictivas de la libertad como detenciones domiciliares, arraigo o comparecencia”. También ha sido cerrado el caso de la agresión física sufrida por Albarracín en el marco de las protestas.
Sobre la quema de los buses Puma Katari, indica que el caso se encuentra en etapa preliminar, que se ha emitido sobreseimiento para tres imputados y respecto a los demás se siguen realizando investigaciones.
En torno al caso Montero, donde fallecieron dos personas del bando de los cívicos, se menciona que no se ha trabajado en la individualización de las responsabilidades.
Los casos Sacaba y Senkata, si bien registran avances, aún no se ha producido la acusación. Al respecto, el ministro Lima dijo este miércoles: “El Fiscal General del Estado me ha informado que durante el mes de octubre van a presentar ya la acusación en los casos de Sacaba y Senkata, que están en la parte final para la conclusión de los requerimientos acusatorios para llevar a juicio oral público y contradictorio estos graves hechos que constituyen el núcleo de la vulneración de los Derechos Humanos en la crisis del 2019”.
En sus conclusiones, refiriéndose a todos los casos y no específicamente a los señalados, el informe de la CIDH indica que “continúa siendo de especial preocupación para la Comisión el elevado número de investigaciones que se reportan sin avances (…) A partir de esta información, uno de los principales desafíos identificados por la CIDH en torno al cumplimiento de las recomendaciones del GIEI Bolivia radica en las dificultades para un adecuado acceso a la justicia de las víctimas”.
En ese sentido, la CIDH llama a reforzar los esfuerzos estatales para romper el ciclo de impunidad a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos y, de esta manera, lograr que se generen cambios reales en la vida cotidiana de las personas”.
Terrorismo
Una de las recomendaciones del GIEI era “adecuar los tipos penales de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, conforme al principio de legalidad y a estándares internacionales y revisar la práctica de promover y confirmar imputaciones con relación a estos tipos penales”. Sin embargo, “la Comisión observa que persiste la necesidad de adecuar el marco normativo aplicable al delito de terrorismo, tomando en cuenta que su formulación actual continúa incólume tras la decisión del TCP de declarar improcedente la inconstitucionalidad abstracta intentada”, y justamente por eso, “la Comisión concluye que esta recomendación se encuentra con cumplimiento parcial”.
Reparación
Respecto a la recomendación referida a la atención y reparación integral a las víctimas, si bien la comisión registra avances importantes, también “resalta la necesidad de que el Estado asegure la aplicación de los principios de objetividad, razonabilidad y efectividad que, según la Corte IDH, deben estar presentes en toda política de reparaciones. Esto es particularmente relevante en contextos donde se identifica una polarización al interior de la sociedad, en ese sentido y en aras de la reconstrucción del tejido social, resulta relevante que se reconozca la calidad de víctimas en igualdad de condiciones”.
Por otro lado, la Comisión pide transparencia en el cumplimiento de esta recomendación. “Para el cumplimiento de esta recomendación es necesario que la metodología de implementación del censo o registro de víctimas se realice de manera transparente y a partir de criterios previamente establecidos de conformidad con lo establecido en el Informe Final del GIEI”.
Informe_Seguimiento_GIEI-Bolivia_ES
