Foto referencial del mercurio. Foto: Ministerio de Medio Ambiente y Agua
El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) advirtió que el Plan de Acción Nacional (PAN) de reducción del mercurio, diseñado por el Estado boliviano, posterga hasta el 2031 la eliminación de prácticas que el Convenio de Minamata considera prohibidas. La denuncia fue planteada por Óscar Campanini, director del Cedib, en el espacio Deliberar, donde se debatió el tema “Uso del mercurio, una amenaza sin control”.
Campanini sostuvo que las medidas adoptadas por el Estado han sido tardías, complacientes y están orientadas principalmente a favorecer al sector minero, pese a los impactos devastadores del mercurio en la salud, el medioambiente y los pueblos indígenas. “Estamos frente a un plan diseñado para el sector minero”, sentenció.
El director del Cedib recordó que el propio proceso de creación del Registro Único de Mercurio (RUM) ilustra cómo el sector minero ha restringido históricamente las capacidades de control estatal. “Era una propuesta básica, solo para que los comercializadores registren datos, pero ni siquiera eso se aceptó entre 2019 y 2021, durante tres presidencias distintas”, explicó.
El RUM finalmente fue aprobado recién en 2023, tras la presión de la sociedad civil, de pueblos indígenas, de la prensa y de organismos internacionales, incluido el Relator Especial de Naciones Unidas. “Si no hubiera existido esa presión, el registro aún seguiría paralizado por el rechazo de las cooperativas mineras”, afirmó Campanini.
Respecto al Plan de Acción Nacional, el investigador señaló que su aprobación también se dio con años de retraso. El Convenio de Minamata obligaba a tenerlo listo en mayo de 2022, pero recién se terminó de elaborar en 2023 y comenzó a implementarse en 2024. “El gobierno tenía financiamiento desde 2019, pero simplemente no lo usó. Es una muestra de la falta de voluntad política”, cuestionó.
Otro punto crítico, según Campanini, es la falta de participación. El PAN se elaboró “sin consulta a pueblos indígenas ni a otras entidades sociales”, lo que demuestra que fue pensado únicamente para responder a los intereses del sector minero y no a las poblaciones más afectadas por la contaminación con mercurio.
Las metas del plan también han sido cuestionadas. Una de ellas plantea eliminar solo en un 60% las peores prácticas del uso de mercurio hasta 2031. “Esto es dramático, porque el Convenio de Minamata no habla de reducciones parciales, sino de eliminar completamente esas prácticas. Bolivia está postergando una obligación internacional”, advirtió el director del Cedib.
Campanini criticó además que las estrategias del PAN se basen en la tecnología y en la formalización. Recordó que existen recuperadores de mercurio desde hace más de dos décadas, pero los mineros prefieren no usarlos para ganar tiempo en la extracción. Y en cuanto a la formalización, sostuvo que es un enfoque “totalmente ilógico en Bolivia, donde la informalidad es la regla y casi ninguna cooperativa cumple los requisitos legales”.
“El PAN no representa una solución estructural, sino una forma de mantener la base de actividades extractivas que erosionan el medio ambiente, la salud, los derechos humanos y la vida misma”, aseveró.
Para Campanini, el plan mercurio, tal como está planteado, más que cumplir el Convenio de Minamata, representa un pacto de complacencia con el sector minero.
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