Las protestas de los comunarios de Tariquía contra la explotación petrolera fueron contenidas por la Policía durante la gestión pasada. Foto: Captura
La Defensoría del Pueblo denunció, mediante un pronunciamiento, que “se evidencia un excesivo ejercicio del poder público por parte del Ministerio Público con el fin de ejecutar el Proyecto de Exploración de Hidrocarburos Domo Oso-X3”, luego de que esa instancia decidiera imputar a 12 de los 29 comunarios acusados por YPFB porque supuestamente entorpecieron su trabajo en la reserva forestal.
La entidad señala que la imputación se produjo a pesar del seguimiento realizado al proceso y a la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) “por la intimidación, hostigamiento y amenazas que sufren los imputados”.
En octubre de 2024, YPFB denunció a 29 comunarios de la zona por la presunta comisión del delito de impedir o estorbar el ejercicio de funciones y atentados contra la libertad de trabajo, luego de que los pobladores realizaran protestas para evitar el ingreso de las empresas petroleras a la zona por tratarse de una reserva forestal.
En enero de este año, la Fiscalía de Tarija rechazó la denuncia penal contra los comunarios, pero la semana pasada imputó a 12 de ellos. “Esta acción genera preocupación en la Defensoría del Pueblo”, señala la institución.
“La Defensoría del pueblo exhorta a YPFB a cesar la intimidación legal y recuerda que Bolivia ratificó el acuerdo de Escazú en 2019, el cual obliga al Estado a proteger a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales”, señala la institución.
Por lo tanto, advierte que cualquier acción legal contra defensores ambientales “se podría considerar una amenaza a su labor”.
Finalmente, recuerda que el artículo 9 del Acuerdo de Escazú exige al Estado boliviano a prevenir, investigar y sancionar ataques contra estos defensores en el ejercicio de su rol, por lo que exhorta a esta instancia del Estado a promover soluciones a través del dialogo y el consenso.
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