Sumando Voces
Tras conocer los resultados de la encuesta de percepción sobre la justicia, las panelistas del foro denominado “La imaginación al Poder”, que se llevó adelante este jueves, propusieron retomar el poder ciudadano para afrontar la crisis del sistema de justicia.
La encuesta, que fue realizada por Ipsos Ciesmori y que fue encargada por UNITAS, reveló que casi todos los consultados en las 10 principales ciudades del país desconfía del sistema de justicia, que el principal problema es la corrupción generalizada y que el presidente Luis Arce está haciendo un mal manejo de la problemática.
Para analizar los resultados de la encuesta, el periódico digital Sumando Voces convocó a un foro, del que participaron la abogada constitucionalista Katia Saucedo; la directora ejecutiva de UNITAS, Susana Eróstegui; y diversos actores y representantes de la sociedad civil que interactuaron a través de las plataformas digitales.
Luego de hacer un análisis de la crisis judicial, Saucedo propuso “retomar el poder ciudadano” de manera que la propuesta de reforma constitucional para despolitizar la justicia se haga realidad, tal como lo pidieron más de 800 mil ciudadanos que este año firmaron los libros para exigir un referendo constitucional que derive en la reforma judicial.
Explicó que si bien no se alcanzó la meta del millón y medio de firmas, lo alcanzado es importante porque equivale a la exigencia que permitiría conformar ocho partidos políticos.
A la luz de la experiencia de las firmas, Eróstegui propuso “apostar a la participación de la sociedad civil en su amplia gama para la exigibilidad de ese derecho”. Agregó que “existen causas que nos deben movilizar a todos y todas para que se cumplan las obligaciones del Estado”. Apuntó que una de esas causas, aunque no la única, es la reforma judicial.
A su vez, explicó que el cierre del espacio cívico va neutralizando las voces críticas y aplacando la capacidad de exigibilidad desde la sociedad civil porque a ningún Gobierno le conviene una sociedad civil activa, dinámica, crítica y propositiva, por eso propuso “replantear nuestro propio rol como sociedad civil”.
La falta de confianza
Respecto a que el 85% de los consultados no confía en la justicia, Saucedo explicó que el Órgano Judicial es el encargado de proteger y tutelar los derechos humanos, por lo que “tenemos un gravísimo problema si el 85% de las personas afirman no confiar en el sistema de judicial, la legitimidad del sistema de justicia está en grave riesgo”.
Explicó que la confianza radica en la independencia en el nombramiento de autoridades judiciales, en la ausencia de corrupción, en la idoneidad de los jueces y en la capacidad del sistema de ponerle límites al poder público. Pero, como nada de eso ocurre, el sistema judicial carece de credibilidad y sus cimientos están devastados, según la especialista. Por tanto, dijo que “los resultados de la encuesta son tremendamente preocupantes” señaló.
Eróstegui puso énfasis en que esta crisis ha imposibilitado que la justicia cumpla con su rol de tutelar los derechos de las personas y en la falta de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.
Los problemas de la justicia
La encuesta encontró que los principales problemas de la justicia son la corrupción generalizada, la falta de respeto a los derechos humanos y la falta de acceso ciudadano a la justicia.
Saucedo anotó otros problemas profundos del sistema, como el hacinamiento carcelario que llega a 360%, la retardación de justicia que afecta al 50% de los casos, la falta de independencia de los operadores judiciales, la falta de independencia en la selección de las altas cortes, el “presupuesto paupérrimo” para el sistema judicial, los bajos sueldos de los jueces y la ausencia de idoneidaden los jueces.
“Son una serie de problemas adicionales que convierten a este sistema en un sistema macabro cuando te ves involucrado en el mismo”, dijo la abogada, a tiempo de recalcar que lo que llamó la atención es que la encuesta arroje el resultado de que el sistema judicial no respeta los derechos humanos porque su rol principal es tutelar esos derechos.
Eróstegui puso énfasis en que la corrupción no necesariamente debe asociarse a los pagos que se hacen a los operadores judiciales, sino que es un problema de mayor alcance que tiene que ver con el control que el poder quiere ejercer sobre el sistema de justicia.
“Si no tienes imparcialidad, un sistema judicial idóneo que está demostrando que la independencia de poderes está garantizada, lo que tenemos al frente es una crisis del estado de derecho y eso es muy preocupante porque demuestra que se ha ido degradando este ideario de lo que es la construcción de una sociedad justa”, dijo.
¿Cuál es el papel de Arce?
La encuesta también reveló que el 78% de los consultados considera que Luis Arce está haciendo un mal manejo de la problemática.
Al respecto, Saucedo dijo que “hay que ser muy ingenuo para creer que la disputa entre arcistas y evistas es una disputa por la independencia del Órgano Judicial, en realidad es una disputa porque los unos quieren mantener a los que están para garantizar la cooptación del Órgano Judicial, y los otros quieren cambiarlos para asegurarse que sus intereses en el futuro estén debidamente garantizados”.
Agregó que “la independencia judicial les importa un sorete y lo que les interesa es mantener la estructura judicial para preservar sus intereses en el tiempo”.
Ante el dato “puro y duro” de que Arce está haciendo un mal manejo de la problemática, Eróstegui hizo notar que esta crisis viene desde gobiernos anteriores, pero “el gobierno de Luis Arce podría marcar la diferencia. Teniendo estos datos tan reveladores más bien podría ponerlos a su favor para, por ejemplo, encarar una reforma de justicia con una agenda consensuada respecto a lo que se necesita cambiar, pero con participación de la sociedad civil”.
“Ésta puede ser una gran oportunidad del gobierno de Luis Arce” para hacer una reforma verdadera, estructural y de fondo, dijo.
Este ciclo de foros tiene cuatro partes. Este jueves se abordó el tema justicia, pero queda en el tintero el resultado de la encuesta sobre la situación del país, la democracia y el poder en Bolivia, aspectos que serán abordados próximamente con la respectiva presentación de los resultados de la encuesta.
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