Las mujeres participan en la construcción de la reforma electoral. Foto: Coordinadora de la Mujer.
Listas incompletas, ubicación de mujeres en circunscripciones con menores posibilidades de elección, acoso y violencia política y barreras para acceder a cargos ejecutivos son algunos de los problemas identificados por organizaciones de mujeres en el desarrollo de los procesos electorales. Sobe la base de este diagnóstico se elaboró una lista de prioridades para la reforma electoral.
A partir de una larga experiencia en la vigilancia a procesos electorales, particularmente de los recientes comicios de 2025 y de 2026, el movimiento Juntas Hacemos Historia y la Coordinadora de la Mujer identificaron seis nudos críticos y formularon propuestas de modificación a las leyes del Régimen Electoral, del Órgano Electoral Plurinacional, de Organizaciones Políticas y contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.
El planteamiento busca que la paridad no se limite a la inscripción de candidaturas, sino que se preserve durante todo el proceso y se traduzca en condiciones efectivas para el acceso y ejercicio del poder.
Las propuestas fueron presentadas este martes en el Encuentro Departamental “Rumbo a la Reforma Electoral”, convocado por el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, en el marco del proceso impulsado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para recoger aportes de diferentes sectores sobre los cambios que requiere el sistema electoral boliviano.
Las propuestas
De acuerdo con información proporcionada por la Coordinadora de la Mujer, uno de los principales problemas es que cumplir la paridad al inscribir las candidaturas no garantiza que esta llegue intacta hasta la elección. En las Elecciones Subnacionales 2026, la participación de mujeres en candidaturas a asambleístas departamentales bajó del 53% al 45%; en alcaldías, del 18,8% al 13,8%, y en gobernaciones, del 12% al 9% durante las distintas etapas del proceso.
A ello se suman problemas en la conformación de las listas. En las elecciones subnacionales, al menos 69 escaños municipales electos quedaron sin una candidatura titular habilitada para asumir el cargo y, en 31 casos, no existía ni titular ni suplente habilitado. Además, el número de organizaciones políticas que incumplían el encabezamiento paritario de las listas municipales pasó de 30 inicialmente a 80 a nivel nacional al 21 de marzo, después de las sustituciones.
Frente a ello, las organizaciones proponen que el TSE realice un control continuo de la paridad cada vez que se modifiquen las listas, establezca un plazo límite para las sustituciones y garantice que, si una candidata renuncia o es inhabilitada, sea reemplazada por otra mujer. También plantean la inadmisibilidad de listas que incumplan los criterios de paridad y alternancia.
Otro nudo crítico es la marcada subrepresentación de mujeres en los cargos de mayor decisión. En las últimas elecciones subnacionales fueron elegidas 31 alcaldesas de 335 municipios, frente a 304 alcaldes. Solo dos de los nueve departamentos eligieron gobernadoras.
Para cerrar esa brecha, se propone establecer binomios paritarios para Presidencia y Vicepresidencia y para gobernación y vicegobernación. También se plantea la paridad horizontal: al menos el 50% de las candidaturas a gobernaciones presentadas por una organización política a nivel nacional deberían corresponder a mujeres y, en las alcaldías, al menos la mitad de las candidaturas presentadas en cada departamento deberían estar encabezadas por mujeres.
Las organizaciones también identifican asimetrías en la distribución territorial de las candidaturas: mujeres ubicadas en circunscripciones con menores posibilidades de elección mientras las candidaturas masculinas se concentran en espacios más competitivos. En las elecciones subnacionales de 2026, las mujeres representaron apenas el 31% de las asambleístas electas por territorio mediante voto directo.
La propuesta es incorporar en la normativa la prohibición de relegar candidaturas de mujeres a circunscripciones donde el partido tenga un historial electoral perdedor y establecer mecanismos de fiscalización por parte del TSE.
La reforma debe alcanzar también a las organizaciones políticas, donde se ha identificado la necesidad de su democratización interna. Entre los problemas identificados están las barreras que enfrentan las mujeres en la toma de decisiones, la definición y ubicación de candidaturas y la conformación de órganos de dirección, además de debilidades en los mecanismos internos para prevenir y sancionar el acoso y la violencia política.
Se plantea establecer dirigencias paritarias, paridad en las elecciones primarias de binomios presidenciales y dos delegaciones titulares —una mujer y un hombre— ante el OEP, con las mismas atribuciones. También se propone impedir que el transfugio político sea utilizado como mecanismo de disciplinamiento, represalia, acoso o violencia política contra mujeres electas.
Violencia política
El acoso y la violencia política constituyen otro de los nudos que la reforma debería atender. El documento advierte que durante los últimos procesos electorales se registraron en redes sociales y medios formas de violencia basadas en la sexualización, descalificación, ridiculización, discriminación y discursos de odio contra candidatas, prácticas que pueden continuar después de las elecciones y afectar el ejercicio del cargo.
Entre las propuestas está ampliar las competencias del TSE para prevenir, atender, procesar y sancionar casos de acoso y violencia política; incorporar expresamente la violencia política digital en la Ley 243 y establecer procedimientos para el retiro de propaganda y discursos misóginos o violentos en medios y redes.
También se plantea prohibir los denominados “acuerdos de gestión compartida”, mediante los cuales se exige a mujeres electas renunciar a mitad de mandato, tipificándolos como una infracción muy grave y estableciendo sanciones para dirigentes y organizaciones políticas.
La Coordinadora de la Mujer sostiene que el proceso de reforma electoral abre la discusión sobre los obstáculos que todavía persisten para alcanzar una democracia paritaria intercultural. “La paridad no debe ser entendida únicamente como un criterio numérico, sino como la garantía de igualdad de condiciones para participar y ejercer el poder. El desafío es avanzar desde la presencia de mujeres en las listas hacia condiciones que aseguren su acceso, permanencia y ejercicio efectivo de los derechos políticos, sin acoso ni violencia”, afirmó Tania Sánchez, directora ejecutiva de esta organización, que recientemente cumplió 40 años de trabajo por los derechos de las mujeres en Bolivia.
