La abogada Audalia Zurita participó del programa Sumando Voces en Directo.
Al menos seis tipos de resoluciones judiciales que interfieren en otros órganos del Estado fueron emitidas últimamente por los magistrados, vocales y jueces, entre las que se encuentran una veintena de amparos que buscan evitar la realización de las elecciones judiciales.
La jurista independiente Audalia Zurita considera que en realidad quien detenta el poder es el Órgano Ejecutivo y que los jueces en este caso están actuando como “empleados del Presidente”.
La mayoría de esas resoluciones se refieren a atribuciones que en realidad son de la Asamblea Legislativa y en algunos casos son los jueces los que dan instrucciones al primer poder del Estado y últimamente también al Órgano Electoral.
La tendencia comenzó en agosto del año pasado, con una resolución de una Sala Constitucional de La Paz que frenó las interpelaciones de la Asamblea Legislativa a los ministros, lo que puso en entredicho la facultad fiscalizadora del Legislativo.
La tendencia se acentuó en diciembre, cuando el Tribunal Constitucional dispuso la prórroga de mandato de los magistrados, pese a que la atribución de elegirlos es del pueblo a través de una votación nacional, previa selección de candidatos a cargo del Legislativo.
El mismo mes, el Tribunal Constitucional suspendió las competencias del Presidente del Senado y de la directiva para evitar que esa cámara siga funcionando durante el receso parlamentario.
En abril de este año, una serie de amparos judiciales planteados por candidatos inhabilitados dejó en suspenso el proceso de selección de postulantes judiciales, hasta la resolución de los mismos.
También en abril, la Sala Constitucional de Pando paralizó definitivamente el proceso e instruyó la emisión de una nueva convocatoria porque supuestamente no se había garantizado la participación de las mujeres indígenas.
Y hace pocos días, en mayo, una Sala Constitucional de La Paz ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) supervisar el congreso del MAS del ala arcista. El TSE advirtió una intromisión, pero se sometió al instructivo.
La abogada Zurita hace notar que la mayoría de estas resoluciones salen de la misma sala constitucional de La Paz y que el artífice de las mismas es el vocal Israel Campero, uno de los postulantes al Tribunal Constitucional.
“Este dominio del Órgano Judicial es una pantalla, es en realidad un sometimiento al Órgano Ejecutivo. El Órgano Ejecutivo sigue siendo el que decide absolutamente todo y ha puesto a su servicio al Órgano Judicial”, dijo Zurita en el programa Sumando Voces en directo de este jueves, donde también estaban invitados el ministro de Justicia, Iván Lima, y el presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui. El primero canceló su participación con anticipación y el segundo no se conectó y tampoco volvió a contestar el teléfono, por lo que no se les pudo preguntar sobre el poder que, según Zurita, tiene el oficialismo sobre los jueces.
Zurita explicó que ya en 2022, cuando ella y otros juristas decidieron impulsar una reforma judicial por iniciativa ciudadana, se percibió que los jueces estaban adoptando decisiones de carácter político, pero aseguró que esta situación “se ha agravado”.
La jurista apela a la Constitución para decir que un órgano no puede tomar decisiones de otro órgano. Ella considera que, si hasta ahora no fueron seleccionados los candidatos judiciales, es porque el partido de Gobierno no tiene los dos tercios de votos en la Asamblea y teme que la oposición, en acuerdo con la facción evista del MAS, termine nominando a los postulantes.
“No pueden permitir que las elecciones sigan avanzando porque podría darse un acuerdo de las oposiciones con la fracción disidente del MAS. Entonces, tienen que paralizar en este punto y para eso utilizan el Órgano Judicial, que está a su servicio sin discusión de ninguna naturaleza”, afirmó la jurista.
En ese marco, Zurita ve que la única salida para esta situación es que exista un acuerdo político entre las fuerzas con representación parlamentaria para que el Legislativo emita las leyes necesarias para continuar adelante con la selección de candidatos a magistrados.
La abogada, que es una litigante activa, indica que la justicia está “en el pozo más profundo en el que uno se pueda imaginar”, al punto de haberse convertido en “un mercado persa”, en el que los litigantes van a negociar incluso con funcionarios subalternos para lograr que sus procesos avancen.
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