Una Ley y dos resoluciones constitucionales obligan a la Asamblea a continuar con la preselección judicial

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Sumando Voces

La senadora disidente de Comunidad Ciudadana y exmagistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, presentó un proyecto de resolución para que la Asamblea Legislativa retome la preselección de candidatos judiciales, toda vez que está obligada a hacerlo, de acuerdo a la Ley de las elecciones judiciales de febrero de este año, una sentencia constitucional de julio del año pasado y una declaración constitucional de diciembre también del año pasado que, según indica, están por encima de las acciones populares o amparos que pretenden paralizar el proceso.

“Nosotros tenemos la obligación, si no lo hacemos, podemos ser susceptibles a un proceso”, dijo Salame en entrevista con Sumando Voces.

Sin embargo, es consciente de que la decisión para por la voluntad política. Y, en ese marco, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, señaló que se adoptará una postura “en una reunión conjunta entre las dos comisiones, las tres fuerzas y ambas cámaras, también tomando en cuenta la opinión del tribunal supremo electoral”.

Salame dijo que “no se trata de que queremos o no, sino que tenemos la obligación de hacer cumplir la ley 1549, además tenemos dos resoluciones provenientes del Tribuna Constitucional que tienen la calidad de cosa firme, no son sujetas a revisión y que todos deben cumplir”.

De acuerdo a los plazos establecidos en la Ley, la Asamblea Legislativa debió concluir este lunes 6 de mayo la preselección de candidatos a las altas cortes y debió haber remitido la lista al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para iniciar el proceso electoral, sin embargo, hace una semana una Sala Constitucional de Pando ordenó paralizar el proceso y conminó a la Asamblea a emitir una nueva convocatoria.

Salame indica que el plazo ha quedado en suspenso, por lo que la Asamblea debe retomar cuanto antes la preselección para cumplir su obligación constitucional.

El proyecto presentado por la senadora indica en su parte resolutiva que se debe “Continuar con el proceso de preselección de candidatas y candidatos a magistrados y magistradas del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional y consejeros y consejeras del Consejo de la Magistratura en cumplimiento al artículo 158 núm. 6 de la Constitución Política del Estado, la Ley No 1549 de 6 de febrero de 2024, la Sentencia Constitucional Plurinacional No 060/2023 de 31 de julio, así como la Declaración Constitucional Plurinacional No 049/2023 de 11 de diciembre, bajo los fundamentos establecidos en las mismas”.

La sentencia 060 estableció que la Asamblea tenía la obligación de emitir una ley que esté avalada por dos tercios para viabilizar la selección, mientras que la declaración constitucional 049 conmina a la Asamblea a concluir con el proceso de preselección y la Ley de febrero de este año da luz verde al proceso.

Salame indicó que la Comisión de Constitución se reunirá este martes para analizar el rumbo que tomará el proceso de preselección.

¿Son nulas las resoluciones?

A diferencia de algunos de sus colegas, Salame no argumenta que las resoluciones de los vocales sean nulas, puesto que “por más que tengan un componente espurio”, su selección fue “un proceso correcto” que siguió los pasos establecidos por ley.

En ese marco, Salame argumenta que las resoluciones del Tribunal Constitucional son inamovibles y que por tanto deben ser cumplidas.

La diputada Luisa Nayar (CC), por su parte, escribió en su cuenta X que “es imperativo que las comisiones mixtas reanuden de inmediato el proceso de selección de postulantes a las elecciones judiciales. La Asamblea Legislativa NO puede y NO debe acatar los fallos y resoluciones ilegales e inconstitucionales de la tiranía judicial de los autoprorrogados. NO permitiremos que unos apandillados usurpadores sometan al primer poder del Estado”.

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