Foto referencial de la actividad extractiva. Foto: AJAM
El director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Jaime Sanabria, planteó la adopción de medidas administrativas para regularizar los trámites de derechos mineros, como una vía para reducir la actividad minera ilegal.
El funcionario señaló que más del 80% de la actividad minera en el país es ilegal y atribuyó esta situación a la demora de los trámites, que se estableció por el «modelo político» de los anteriores 20 años. “Esos trámites para obtener derechos mineros o obtener licencia ambiental para dedicarse a una minería legal tardan 10 años, 15 años”, afirmó Sanabria.
Consideró que estos plazos han forzado a una parte de los operadores mineros a desarrollar sus actividades al margen de la legalidad.
El director de la AJAM comparó la situación con otros países y afirmó que en algunos casos la obtención de un área minera puede concretarse en alrededor de 30 minutos. “Es una verdadera locura cuando estos trámites en países vecinos o en otros países, como en Canadá, tardan 30 minutos en obtener un área minera. Imagínese en Bolivia 10, 15 años”, sostuvo.
Sanabria señaló que la solución al problema no pasa únicamente por medidas de interdicción o represivas, sino también por la regularización de derechos y trámites administrativos para permitir que los operadores ingresen a la formalidad.
Explicó que el fenómeno de la minería ilegal no se limita a la minería aurífera del norte de La Paz y los ríos amazónicos, sino que también comprende a la minería tradicional, principalmente en Potosí, aunque se identificaron actividades ilegales en Chuquisaca, Tarija y Oruro.
Sanabria indicó que durante las intervenciones se encontraron operaciones mineras a gran escala que no corresponden a actividades de pequeña escala o artesanales, con maquinaria moderna, instalaciones, campamentos y equipos cuya inversión, en algunos casos, superaría los 5 millones de dólares. “La minería ilegal está muy bien organizada, muy bien estructurada y además goza de la protección de la misma sociedad”, afirmó.
El director de la AJAM agregó que en distintos casos se identificó complicidad, encubrimiento o participación de comunidades en estas actividades, a cambio de un porcentaje.
A su criterio, esta situación genera un perjuicio para el país y requiere una respuesta integral, particularmente ante la necesidad de generar recursos económicos. “La minería puede solucionar esos problemas, pero tenemos que afrontar este problema de manera seria y contundente”, sostuvo.
