Hay momentos en los que un país siente como si estuviera caminando sobre una cuerda floja. Y, siendo honestos, Bolivia está en uno de esos momentos. No hace falta mirar muy lejos para darnos cuenta. Hoy tenemos movilizados a transportistas, personal de salud, organizaciones sociales… casi todos al mismo tiempo, mostrando una escalada de conflictos que ya no son aislados y que empiezan a acumularse poniendo en peligro la estabilidad.
La gente empieza a perder la paciencia. Y es comprensible porque nadie vive de discursos. La gente vive de certezas, de soluciones, de señales claras. Pero hoy vemos miles de reclamos por gasolina adulterada, continúan las filas por combustible y escuchamos sectores que anuncian paros y bloqueos porque sienten que no hay respuestas. Incluso dentro del propio Estado hay señales que preocupan, como tener 3 presidentes en YPFB en menos de 6 meses. Eso no transmite control, transmite incertidumbre.
No se trata de negar la crisis. Sabemos que la situación económica es compleja: hay déficit fiscal, escasez de dólares y una fuerte crisis de combustibles de la que no estamos pudiendo salir. También sabemos que algunas decisiones recientes -que debían tomarse- han tenido impactos duros en nuestra economía cotidiana. Frente a esto, nadie sensato debería esperar soluciones mágicas.
Pero una cosa es entender las limitaciones y otra muy distinta es sentir que no hay rumbo. Ahí es donde empieza el problema. Cuando las medidas parecen improvisadas, cuando no se explican bien, cuando los propios actores dejan de creer en el diálogo se pierde la confianza. Y recuperarla es mucho más difícil que tomar decisiones difíciles cuando es el momento de hacerlo.
El gobierno tiene hoy una responsabilidad enorme. No solo de actuar, sino de hablar con honestidad. De decirle a la gente qué está pasando, qué se puede hacer y qué no. De asumir costos, sí, pero con claridad. Es imperativo ser transparente y permitir el acceso a la información de la gestión del actual gobierno. Porque en momentos como este, la sinceridad no debilita, más bien fortalece.
Pero hay algo más que no podemos seguir dejando de lado. No vamos a salir de esta crisis solo apagando incendios o reclamando sin pensar en las consecuencias. Si no avanzamos —y también acompañamos y vigilamos— los procesos de reforma de la justicia y del sistema político, todo lo demás será frágil. Porque sin instituciones que funcionen, sin reglas claras y sin confianza en que la ley es para todos y debe cumplirse, cualquier medida económica terminará chocando con los mismos límites de siempre. Debemos empezar a salir de la estructura que sostuvo al país en las últimas dos décadas y eso requiere tiempo.
Pero esto no es solo tarea del gobierno. Es una responsabilidad compartida. No podemos seguir esperando que las cosas cambien solas, ni reaccionar solo cuando el problema ya explotó. En este momento, no es buena idea presionar sin remangarse los pantalones. Acompañar, exigir, involucrarnos, eso también es parte del compromiso con el país.
Porque el enojo, la frustración y la impaciencia son reales. Pero si dejamos que eso nos nuble, podemos terminar empujando al país hacia un lugar del que ya nos costó mucho salir. Hoy no estamos ante una crisis cualquiera. Estamos en un momento en el que debemos medir nuestra capacidad de sostener lo poco que hemos logrado para no retroceder por exigir salidas inmediatas cuando sabemos que no todo lo que pedimos es posible. No se trata de conformarse. Se trata de no destruir lo que queremos mejorar.
Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero está claro que eso no puede ser excusa para la improvisación, ni motivo para que perdamos el rumbo como país.
Sandra Verduguez es comunicadora social, integrante de Observación Ciudadana de la Democracia (OCD).
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