Angélica Flores. Foto: Yenny Escalante / Sumando Voces
En las poblaciones indígenas Uru Murato, a orillas de lo que alguna vez fue el lago Poopó en el departamento de Oruro, Angélica Flores Ignacio habla con la serenidad de quien ha aprendido a resistir. Tiene 61 años y carga en su testimonio la historia de un territorio que se secó, de un modo de vida que desapareció y de una lucha diaria por lo más básico: el agua.
“Antes vivíamos del pescado”, recuerda. “Sacábamos, vendíamos y con eso vivíamos”. Hoy, ese pasado parece lejano. El lago se evaporó entre la sequía y la contaminación minera: los peces murieron, las aves desaparecieron y, con ellos, la economía de varias comunidades: Puñaca, Tinta María, Villañeque, Guari y Llapallapani.
Sin tierras fértiles ni empleo estable, las familias sobreviven como pueden. Los hombres trabajan de manera eventual ayudando a otros, mientras que las mujeres se han organizado para producir artesanías: sombreros, aretes, canastas, chompas. También elaboran pomadas medicinales para aliviar dolores del cuerpo. “Hacemos de todo”, dice Angélica, con un dejo de orgullo que contrasta con la precariedad del entorno. Pero el problema más urgente no es el trabajo, es el agua.
En Villañeque y otras comunidades, el agua de pozo es salobre, turbia y, según los pobladores, dañina. “Es medio salado, medio agrio… raro. No tenemos otra opción, hervimos y así tomamos, pero igual nos hace mal”, describe Flores. Explica que los efectos en la salud de las personas es evidente: dolores de estómago, de cabeza e incluso afecciones en niños.
En la comunidad de San Agustín de Puñaca, perteneciente a la misma región que Villañeque, se realizaron estudios en 2024 con apoyo de CENDA, los cuales confirmaron intoxicación por metales pesados como arsénico, plomo y cadmio en concentraciones que superan ampliamente los estándares de la Unión Europea, derivados de la contaminación minera en la cuenca; los análisis de sangre y orina revelaron niveles tóxicos que afectan gravemente la salud de los comunarios.
La falta de acceso a agua potable ha generado desesperación. A veces deben trasladarse largas distancias para conseguir agua más segura, lo que implica gastos que muchas familias no pueden asumir. Las solicitudes de apoyo a las autoridades locales, asegura Angélica, no han tenido respuesta efectiva.
La población también ha disminuido, pues la migración se ha convertido en una salida forzada. Jóvenes y familias enteras migraron a ciudades como Oruro o Cochabamba en busca de trabajo. En Uru Murato quedan principalmente adultos mayores, a quienes deben sobrellevar su vida como pueden.
Angélica no duda en señalar responsables: la actividad minera en la región. Denuncia que residuos contaminados, especialmente desde la empresa estatal Huanuni, continúan llegando al lecho del lago seco. Indica que, a pesar de las múltiples solicitudes, la solución no ha llegado.
Mientras tanto, la vida sigue en condiciones difíciles. Cocinan con esas aguas contaminadas, cuidan pocos animales y enfrentan un clima adverso que impide la agricultura. Aun así, no pierden la esperanza de ser atendidos. “Solo pedimos ayuda”, dice Angélica. “Un proyecto, agua, trabajo. Que las autoridades se pongan la mano al pecho”.
En las orillas del lago que ya no está, el silencio pesa tanto como la ausencia del agua. Pero las voces como la de Angélica siguen insistiendo, esperando que algún día alguien escuche.
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