Pedro Callisaya, defensor del Pueblo de Bolivia. Foto: Defensoría del Pueblo.
En medio de la controversia por los trabajos petroleros proyectados en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía con el proyecto Domo Oso X3, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó que la seguridad jurídica en favor de las empresas petroleras no puede utilizarse como argumento para incumplir la Constitución.
La autoridad recordó que la Defensoría del Pueblo presentó una acción agroambiental con el objetivo de que se disponga la suspensión temporal de las actividades de exploración mientras no se garanticen derechos fundamentales como la consulta previa, el acceso a la información y la protección del medioambiente.
“No podemos, a título de no generar inseguridad jurídica, incumplir con lo que dice la Constitución”, sostuvo Callisaya. La autoridad remarcó que la Carta Magna establece claramente la obligación de respetar el derecho a la consulta, los derechos ambientales y los compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano.
Entre esos compromisos mencionó el Acuerdo de Escazú, tratado internacional ratificado por Bolivia que obliga a garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en decisiones que afecten al medioambiente y la protección de los defensores ambientales.
Callisaya explicó que la Defensoría identificó varias observaciones en el proyecto de exploración petrolera en el área del Domo Oso X3. Citó como ejemplo el que no se haya realizado adecuadamente el proceso de consulta previa a las comunidades, además de que no existe una evaluación completa del impacto ambiental de la exploración.
Asimismo, indicó que persisten dudas sobre la titularidad de los predios donde se pretende ejecutar el proyecto, debido a que estos aún se encuentran en proceso de saneamiento.
“Cualquier proceso de exploración que se desarrolle sin cumplir estos requisitos está incumpliendo la normativa”, advirtió.
El defensor del Pueblo aclaró que la institución no se opone a las actividades económicas ni al desarrollo, pero subrayó que estas deben realizarse respetando plenamente la legislación vigente y las obligaciones internacionales asumidas por el país.
“No estamos en contra de ninguna actividad económica, yo creo que racionalmente nadie lo está; sin embargo, vamos a exigir el cumplimiento de la normativa”, enfatizó Callisaya.
La acción presentada por la Defensoría busca que se detengan temporalmente las actividades previstas en el área hasta que se garantice el cumplimiento de los procedimientos legales y se protejan los derechos de las comunidades y del medioambiente en esta zona del sur del país.
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