Durante el periodo 2020-2024, las organizaciones afiliadas a la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales Internacionales (CONGI) movilizaron una inversión superior a los 243 millones de dólares destinados a proyectos de desarrollo sostenible y derechos humanos en Bolivia. Esta cifra, sistematizada en la reciente «Memoria Ejecutiva 2020-2024», presentada el 26 de febrero, refleja el impacto del trabajo de 23 entidades internacionales con presencia en los nueve departamentos del país, alcanzando a más de 300 municipios.
El reporte financiero revela que el eje de Derechos de la Niñez y Adolescencia fue la prioridad máxima, concentrando el 52,9% de los recursos totales movilizados. En segundo lugar, el Desarrollo Económico Sostenible recibió el 18,6% de la inversión, seguido de cerca por proyectos de Agua y Medio Ambiente con un 16,2%. Las áreas de Salud (7,6%) y Justicia, Derechos Humanos y Equidad de Género (4,7%) completan la distribución del gasto operativo y de proyectos en el territorio nacional.
Este flujo de recursos permitió beneficiar de manera directa a más de 14 millones de personas (cifra agregada en cinco años), con un enfoque prioritario en poblaciones vulnerables. Un dato relevante es que el 53% de los beneficiarios directos fueron mujeres, lo que demuestra un alineamiento con las políticas de equidad de género y empoderamiento femenino que promueve la cooperación internacional.
Rol estratégico y desafíos
Las ONGs internacionales funcionan como un puente esencial entre los donantes extranjeros y las necesidades locales, generando empleo especializado y fomentando la innovación social. Este aporte financiero cobra mayor relevancia ante la disminución de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) no reembolsable en la región, producto del ascenso de Bolivia a la categoría de país de renta media baja.
Sin embargo, el informe advierte que la efectividad de estas inversiones enfrenta obstáculos persistentes. Entre los principales desafíos identificados por las organizaciones se encuentran la burocracia estatal, la inseguridad jurídica y la inestabilidad política, factores que dificultan la continuidad de programas de impacto a largo plazo.
La publicación de estos datos se realiza pocos meses después de la celebración del Bicentenario de Bolivia (2025), buscando visibilizar cómo el trabajo de la sociedad civil internacional se articula con el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
La CONGI reafirma que la inversión privada y solidaria de estas organizaciones sigue siendo un motor crítico para no «dejar a nadie atrás» en la ruta hacia el desarrollo inclusivo.
Aquí puede leer la Memoria Ejecutiva de la CONGI:
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