Activistas en defensa del área protegida Tariquía, en Tarija. Foto: Colectivo Plurales
La Defensoría del Pueblo de Bolivia emitió un pronunciamiento en el que alertó sobre el uso desproporcionado del poder público en contra de defensores ambientales de las comunidades de Chiquiacá y Tariquía. Según la institución, estas acciones representan una grave amenaza a la libertad y al derecho de defender los derechos humanos medioambientales.
«La Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación y reitera la advertencia sobre el uso excesivo del poder público que vulnera la libertad y el derecho a defender derechos humanos ambientales en las comunidades de Chiquiacá y Tariquía (…) La Defensoría exhorta a YPFB a cesar de inmediato el uso del sistema judicial como mecanismo de intimidación», señala el texto.
Desde octubre de 2024, la Defensoría ha seguido de cerca el proceso penal iniciado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contra 29 defensores y defensoras ambientales, quienes enfrentan acusaciones por los presuntos delitos de impedir el ejercicio de funciones y atentar contra la libertad de trabajo, delitos tipificados en el Código Penal, lo que ha encendido las alarmas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Durante la audiencia del 24 de junio de 2025, el Tribunal emitió la Resolución Nº 125/2025 que dejó sin efecto las restricciones impuestas a 12 de las personas acusadas para que puedan defenderse en libertad. Sin embargo, la Defensoría expresó su preocupación por el hecho de que se mantenga abierto el proceso judicial, considerándolo una herramienta de intimidación y advertencia para evitar futuras acciones de defensa ambiental.
La institución recordó que Bolivia ratificó el Acuerdo de Escazú en 2019, comprometiéndose a proteger y garantizar la labor de quienes trabajan por la defensa ambiental y la Madre Tierra.
El pronunciamiento enfatiza que iniciar procesos judiciales infundados contra defensores constituye una forma de represión que vulnera derechos fundamentales y contradice el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, el cual obliga al Estado a prevenir, investigar y sancionar cualquier amenaza, agresión o acto de violencia contra defensores ambientales. La Defensoría también cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la libertad y seguridad personal.
Adicionalmente, la Defensoría exhortó al Ministerio Público a actuar con estricto respeto al debido proceso y a evaluar con rigurosidad la calidad de defensoras y defensores ambientales de las personas procesadas, condición que debe ser considerada por el Estado para brindarles protección diferenciada.
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