Foto referencial sobre justicia para adolescentes. Tomada de internet
El anteproyecto de ley que busca endurecer las penas privativas de libertad para adolescentes en Bolivia ha generado rechazo de instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Plataforma Nacional de Prevención de las Violencias y los Delitos Vinculados a Adolescentes. Ambas instancias, a través de pronunciamientos oficiales, advierten que la iniciativa representa un retroceso en materia de derechos humanos y justicia restaurativa, y exigen al Estado priorizar políticas de prevención y reintegración social.
La propuesta, impulsada por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, plantea modificar el artículo 268 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), elevando significativamente las penas privativas de libertad para adolescentes entre 14 y 18 años. Según el texto, se busca ampliar la privación de libertad hasta 12 años para adolescentes de 14 a 16 años, y hasta 18 años para aquellos entre 16 y 18, en casos de delitos graves.
“Este anteproyecto plantea modificar el artículo 268 del Código Niña, Niño, Adolescente, diferenciando dos temas específicos: uno que tiene que ver con el rango etario, es decir, la edad de las personas, que se ha dividido entre 14 y 16 años, y 16 a 18 años. Y, la gravedad del delito”, dijo en conferencia de prensa la ministra de Justicia, Jessica Saravia.
En la actualidad, la pena máxima para adolescentes infractores en Bolivia es de hasta seis años de privación de libertad, incluso en casos de delitos graves como asesinato o violación. Esta sanción se aplica a menores de 18 años, según lo establecido por la normativa vigente del Código Niña, Niño y Adolescente.
En marzo de este 2025, un adolescente de 17 años de nombre Osman J. D. O., fue sentenciado en Santa Cruz a seis años de privación de libertad tras ser hallado culpable de la violación y asesinato de su hijastra, una bebé de tan solo un año y tres meses. La sentencia, dictada bajo el Código NNA, llevó al Gobierno a solicitar su revisión, argumentando que la pena máxima permitida para menores de edad resultaba insuficiente ante la gravedad del delito.
Frente a la propuesta normativa del Gobierno, la Defensoría del Pueblo expresó su “profunda preocupación” ante el proyecto, señalando que “el enfoque contraviene el principio del interés superior del niño, consagrado en el art. 60 de la Constitución Política del Estado y en el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, además de representar un retroceso en los avances normativos del Sistema Penal para Adolescentes (SPA) en Bolivia”. El organismo recordó que el régimen actual prioriza medidas socioeducativas sobre la privación de libertad, en coherencia con estándares internacionales como las Reglas de Beijing y la Observación General Nº 24 del Comité de los Derechos del Niño.
Además, la Defensoría advirtió sobre el impacto negativo de endurecer el régimen sancionador sin atender factores estructurales como abandono, violencia, pobreza y exclusión. “Endurecer el régimen sancionador sin atender estos factores estructurales implica un grave debilitamiento del enfoque restaurativo que debe regir la justicia penal de adolescentes”, señala el comunicado, enfatizando que la privación de libertad debe ser excepcional, de corta duración y orientada a la reintegración social.
Por su parte, la Plataforma Nacional de Prevención de las Violencias y los Delitos Vinculados a Adolescentes, que agrupa a organizaciones de la sociedad civil y juveniles de los nueve departamentos, calificó la propuesta como un “profundo retroceso penal” y recalcó que “la adolescencia no es delincuencia”. En su pronunciamiento, la Plataforma afirmó que la modificación “atenta contra la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Política del Estado, y contra todos los avances logrados en la construcción de un sistema penal especializado, diferenciado y con enfoque restaurativo”.
La organización subrayó que el endurecimiento de penas no ha demostrado reducir los delitos cometidos por adolescentes, sino que ha generado hacinamiento en centros penitenciarios y la reproducción de la violencia. Por el contrario, advierte, este tipo de políticas han generado el hacinamiento en centros penitenciarios y la reproducción de la violencia en lugar de su disminución.
Ambas instituciones coincidieron en que la violencia ejercida por adolescentes no puede abordarse desde un enfoque punitivo, sino desde una política pública integral que fortalezca el rol de la familia, el acceso a servicios básicos, la educación en derechos y la prevención comunitaria.
La Plataforma también criticó la falta de fundamento científico de la propuesta, que asume una madurez psicológica en los adolescentes equiparable a la de los adultos. “Esta afirmación carece de fundamento científico y refleja un preocupante desconocimiento de la realidad de la población adolescente dentro del sistema penal”, señala el pronunciamiento, añadiendo que apenas se han logrado condiciones mínimas para la reinserción social de adolescentes.
En ese sentido, la Defensoría instó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a no aprobar reformas que vulneren principios constitucionales e internacionales, y exhortó al Ministerio de Justicia a reorientar su propuesta legislativa, priorizando políticas de prevención, justicia restaurativa y reintegración. “El Estado Plurinacional de Bolivia necesita respuestas estructurales que busquen atender el reconocimiento y la reparación del daño antes que el castigo que sólo perpetúan la exclusión”, concluyó la Defensoría.
Finalmente, la Plataforma Nacional reiteró que “los derechos no pueden ni deben retroceder… ¡No podemos permitir un retroceso en el ejercicio de los Derechos de las y los Adolescentes!”. El debate sobre el futuro del sistema penal adolescente en Bolivia continúa abierto, mientras organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos insisten en que la respuesta estatal debe centrarse en la prevención y la garantía de derechos, y no en el endurecimiento de sanciones.
Aquí puede leer el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo:
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