El balance sobre la situación de los derechos humanos 2024, enfocado en derechos ambientales de los pueblos indígenas y de los defensores ambientales del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), que fue publicado esta semana, establece que el Estado está comprometido en el 100% de las vulneraciones recogidas en el informe, “ya sea como actor y cómplice, o por omisión y ausencia.
Según el reporte, entre enero y noviembre de 2024, se encontraron 124 hechos de vulneraciones al derecho al medio ambiente y de los pueblos indígenas. El estado aparece como actor y cómplice en 53% de ellos, mientras que es señalado por omisión o ausencia en el 41% de los casos.
“Estos datos son solo la muestra de una constatación: la profunda erosión de la institucionalidad estatal, en tal grado que las prácticas que manifiestan una grosera tergiversación de su rol respecto a los derechos humanos se realizan de manera natural, con amplia impunidad y escasa crítica social o con crítica social que resulta impotente al poder político”, señala el documento.
El informe también hace un monitoreo de la situación de los defensores ambientales, concluyendo que hubo 16 casos de ataques desde la minería, 8 desde la colonización, mercantilización y tráfico de tierras, y cuatro desde el sector hidrocarburos, donde destaca negativamente el caso de los comunarios de Chiquiacá y Tariquía que están siendo enjuiciados por YPFB porque se oponen a la implementación de las actividades en el Bloque San Telmo Norte, ya que afectarían la Reserva Natural de Tariquía.
Entre los perpetradores de los ataques, están en primer lugar los cooperativistas mineros y mineros ilegales, seguidos de las empresas mineras, empresas petroleras, dirigentes de organizaciones y entidades públicas.
Respecto al tipo de ataques, el más común es el hostigamiento, que puede ser administrativo, laboral, puede ser una intimidación, invasión de propiedad o de territorio, con 13 casos. En segundo lugar se ubica el ataque verbal y físico, atentado a la integridad física y psicológica, con nueve casos.
También hay casos de negación de acceso a la información pública, chantajes a sus organizaciones, desprestigio, restricciones a los derechos civiles y hasta detenciones arbitrarias o procesos judiciales.
En sus conclusiones, el informe señala que “el Estado, en el corazón de las políticas económicas, es el coautor y cómplice del acoso y violencia contra los defensores, mediante la imposición de políticas a contracorriente de los derechos fundamentales (al territorio, al medioambiente y al agua) para sostener la vida y, por tanto, todo un entramado de derechos. Esta actuación desnaturaliza su rol de protección de los derechos humanos y pone de manifiesto su grave degradación”.
Agrega que “el poder político pone a disposición la estructura estatal en favor de los intereses de los actores del extractivismo para mover una maquinaria económica que no está enfocada en garantizar el respeto de los derechos humanos ni preservar el patrimonio natural”.
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