Evo Morales se encuentra en el ojo de la tormenta por el caso Terrorismo. Foto: Twitter personal
El caso terrorismo, 15 años después de su origen, se vuelca por completo y los acusadores podrían pasar a ser los acusados porque se ha instaurado un proceso penal en contra de los autores del asalto al hotel Las Américas de Santa Cruz, por presuntas ejecuciones extrajudiciales y otros delitos.
Líderes políticos de la oposición y hasta connotados voceros del arcismo apuntan ahora al expresidente Evo Morales como el autor intelectual del operativo que terminó con la vida del húngaro boliviano, Eduardo Rózsa-Flores; el húngaro Árpád Magyarosi; y el irlandés Michael Martin Dwyer.
Este fin de semana, dos sobrevivientes del operativo, Mario Tadic y Elöd Tóásó, dieron a conocer mediante un comunicado que el Gobierno boliviano había iniciado un proceso penal en contra de los responsables de supuestas ejecuciones extrajudiciales, de tortura y vulneración de derechos humanos cometidos el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz, hecho que dio origen al denominado caso Terrorismo.
El procurador general del Estado, César Siles, señaló, sin embargo, que el caso fue abierto por las víctimas y que, al no encontrar justicia en Bolivia, recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el año 2022 recomendó investigar y sancionar a los autores de los hechos. Sin embargo, el caso fue admitido recientemente.
Finalmente, se supo que la demanda fue presentada por el Instituto contra la Tortura, dependiente de la Defensoría del Pueblo, aunque luego de ser rechazada, fue admitida y este lunes se anunció la conformación de una comisión de fiscales para investigar el caso.
Las últimas horas, el debate político se centró en establecer quién dio la orden del operativo y, en ese marco, volvió a circular el video, grabado en Venezuela, en el que se ve a Evo Morales diciendo que fue él quien ordenó el operativo.
“El día de ayer le di instrucciones precisas al vicepresidente de la República (Álvaro García Linera) y el vicepresidente al comandante de la Policía Nacional a hacer un operativo, a detener a estos mercenarios”, dijo entonces, luego de que el operativo había sido consumado en horas de la noche.
Frente al vuelco del caso terrorismo, Morales escribió: “Si quieren meterme a la cárcel por defender la unidad de nuestra patria ante la amenaza separatista, financiada por la oligarquía terrateniente, que lo hagan”.
Sin embargo, en declaraciones a la radio Kawsachum coca, dijo que no concurrirá en caso de ser citado a declarar. “Que nos investiguen. Quiero decirles, que me citen, no me voy a presentar, que me metan a la cárcel. Hemos defendido la integridad del territorio nacional. Se ha defendido con la Policía, aunque ese día yo estaba fuera de Bolivia; estaba Álvaro (García Linera) de presidente en ejercicio”.
El más duro entre sus críticos es el expresidente Jorge Tuto Quiroga, quien dijo que “hace 15 años Evo Morales, desde Venezuela, arropado por sus jefes Chávez y Castro, dijo que ordenó el operativo en el hotel las Américas que generó ejecuciones y persecución que la CIDH exige investigar. Hoy el cobarde anuncia que no responderá a la justicia y que esta vez no escapará”, dijo Jorge Quiroga.
Y respecto a su reacción en sentido de que estaba evitando el separatismo, Tuto replicó que “ejecutar a Dwyer de rodillas hace 15 años, como determinó la autopsia irlandesa, no era ‘preservar la unidad’, fue manchar la democracia y avergonzar a Bolivia. Evo tú diste la orden, no escapes”.
Los evistas salieron a lanzar sus dardos en contra del propio presidente Luis Arce porque consideran que, si Evo es responsable, también lo es su exministro de Economía, porque las decisiones se tomaron en gabinete.
“Aquí las decisiones se han tomado a través de su gabinete, ahí esta Lucho Arce que ha sido 14 años ministro de economía”, dijo el diputado de MAS, Freddy López.
El abogado Gary Prado, quien patrocinó a los acusados del caso terrorismo, señaló que el gobierno de Morales, que era el acusador de la causa, nunca logró probar sus sindicaciones pese a haber manipulado la justicia y al Ministerio Público.
Por lo que, dijo, durante el gobierno de Jeanine Añez, se retiró la acusación y todos los enjuiciados fueron absueltos. Sin embargo, el caso reflotó con el pronunciamiento de la CIDH el 2022, que exigió investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
“Todas esas vulneraciones son por las que hace dos años se le recomendó al Estado boliviano que investigue y sancione. Se está comenzando, el principal probable autor mediato es el expresidente Evo Morales, quien desde Cumaná, Venezuela, confesó haber ordenado el operativo a hotel Las Américas, ahora pretende que está encima de la justicia y dice que me citen, no voy a ir”, dijo Prado a RTP.
En el marco de la pelea interna, el gobierno de Luis Arce ha marcado distancia de Morales, indicando que en Bolivia nadie tiene privilegios y que todos tienen que cumplir la ley. “En un país democrático, en un país como el nuestro, nadie tiene privilegios, todos tienen que cumplir la ley. Lo reitero, nuestra posición oficial como Gobierno es que el informe CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) está bajo reserva y tenemos caso en la justicia ordinaria en Santa Cruz”, dijo a Fides.
La CIDH emitió su informe el 2022, a denuncia de Tóásó, Tadic, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, en el que recomendó iniciar investigaciones para determinar las sanciones por la violación de derechos humanos, realizar la reparación integral a las víctimas, además de otorgarles un resarcimiento económico.
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