Foto referencial. Autor: ABI
La jefa de análisis legal de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), María Cristina Carballo, anunció que la estatal impugnará la medida cautelar que ordenó frenar cualquier labor administrativa relacionada con los contratos para la explotación de litio en el Salar de Uyuni hasta que se realice un estudio de impacto ambiental.
“El juez ha dado curso a las medidas cautelares que han solicitado sin que estos contratos todavía estén vigentes. Ahora, como parte legal, nosotros ya hemos analizado y empezado a trabajar a la impugnación en primera instancia de las medidas cautelares, pero sobre todo a responder mediante un informe circunstanciado que le compete a YLB dentro del procedimiento constitucional”, dijo la funcionaria.
El martes pasado, el juez Edson Villarroel Herrera concedió la tutela a los campesinos de Nor Lípez, Potosí, para suspender el tratamiento de los contratos de litio con Uranium One Group y Hong Kong CBC para la explotación de litio en el Salar de Uyuni.
Los campesinos presentaron una acción popular pidiendo la tutela de los derechos de las comunidades indígenas a la libre determinación, a la consulta previa e informada, al agua, a la alimentación y a vivir en un ambiente sano.
La jefa de análisis legal de YLB afirmó que no fueron notificados con la acción popular presentada por comunarios y todavía no fueron notificados con esa resolución. Es más, ni siquiera habrían sido convocados como parte accionada a la audiencia de esa medida cautelar.
“Se nos habría vulnerado la garantía al debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa. Nosotros no hemos podido exponer todo lo que deberíamos hacerlo si estaríamos dentro de un procedimiento correspondiente”, dijo Carballo anoche en Cadena A.
La abogada aseguró que actualmente no están realizando ninguna acción ni administrativa y mucho menos de obra con relación a los contratos de litio porque todavía permanecen en análisis en la Cámara de Diputados.
“No es la primera vez que se nos plantea esta acción popular. En 20 de febrero de este año, hemos participado de una audiencia donde se nos ha sindicado la misma acción popular bajo los mismos criterios que ahora nos están indilgando a YLB. En esa oportunidad, se ha tenido la correcta interpretación de la ley. La sala constitucional tercera de La Paz ha denegado la tutela, justamente porque estos contratos no están en vigencia. Mientras no estén en vigencia, no hay un agravio cierto, existente, el cual pueda tutelar la sala constitucional de garantías”, argumentó la abogada de YLB.
YLB defiende que los estudios de impacto ambiental se realicen una vez los contratos sean aprobados en la Asamblea Legislativa.
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