Sandra Verduguez
El porcentaje de votos nulos y blancos en las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la Sentencia Constitucional 0770/2024-S4 -que obligó al Tribunal Supremo Electoral a realizar elecciones parciales, declarando desierta la convocatoria a la elección de magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando, y desierta la convocatoria para el TCP en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija- y la desinformación sobre los candidatos llevaron a pensar que el rechazo a estas elecciones judiciales iba a ser mayor que en las dos versiones anteriores.
Sin embargo, el comportamiento de los electores y los resultados del cómputo están mostrando otra realidad, en la que los votos válidos rondan el 60% y dan legitimidad a los elegidos. ¿Por qué sucedió esto? Seguramente habrá otras razones, pero, desde la ciudadanía, parece haber consenso en que ya llegamos a un punto tan crítico que la realidad nos empuja a tomar alguna medida personal e íntima (el voto es todavía de cada uno de nosotros) para intentar cambiar la falta de institucionalidad, el abuso de poder y el descarado sometimiento de unos órganos del Estado ante otros, tal vez porque los bolivianos todavía aspiramos a vivir en democracia.
Pero grande es la voluntad del ciudadano porque, a pesar de la ausencia de información sobre el proceso y sobre los candidatos, de una insuficiente y nada motivadora capacitación a jurados, y de la amenaza de multas y sanciones de parte del organismo electoral, acudió a los recintos para ser jurado electoral y votar habiendo buscado información por sus propios recursos tratando de encontrar, en medio de tanto descrédito, perfiles que no hayan sido tomados por el poder político y que todavía piensen que ser elegido implica actuar con ética, responsabilidad y con apego a la ley antes que a otros intereses.
¿Entenderán los que están siendo elegidos que tienen ante sí un desafío que les va a exigir esas cualidades? ¿Entenderán que este es un momento de inflexión que, aunque no resuelva la crisis de la justicia, es importante porque podría empezar a limitar las excesivas actuaciones del Tribunal Constitucional? ¿Estarán conscientes de que estarán en la mira para ver si logran evadir los intentos de ser cooptados? ¿Comprenderán el compromiso que tienen con la ciudadanía que votó por ellos en medio de tantas dificultades?
Los elegidos ya pasaron el filtro de la Asamblea Legislativa y del Tribunal Supremo Electoral, y aunque muchos de ellos tenían impugnaciones en el proceso de preselección y otros no respetaron las exigencias que les impuso el reglamento de difusión de méritos (datos que ya comprometen su ética porque son los primeros en no respetar la norma), estarán ocupando cargos que tienen la posibilidad de hacer algo por cambiar la cara del poder judicial. Deberán demostrar por lo menos imparcialidad e independencia en sus actuaciones y al menos algunas cualidades profesionales; además, deberán mostrar que su actuación va en camino de lograr lo que prometieron en los spots que el Tribunal Supremo Electoral hizo con ellos para mostrar sus méritos.
Esta no será tarea fácil porque cohabitarán con magistrados que utilizaron su poder para prorrogar su mandato, pero deberán tener presente que el voto ciudadano no es gratuito y que como ocurrió otras veces, la ciudadanía actúa cuando debe hacerlo, utilizando los medios que tiene a su alcance. Uno de esos caminos es la veeduría ciudadana, cada vez más presente en el escenario y con la capacidad de afirmar si cumplieron o no lo que ofrecieron y si están dispuestos a rendir cuentas.
–0–
Sandra Verduguez es Comunicadora social, integrante de Observación Ciudadana de la Democracia (OCD).
Las opiniones de nuestros columnistas son exclusiva responsabilidad de los firmantes y no representan la línea editorial del medio ni de la red.
