Pasó el cuarto aniversario de la muerte de Marco Antonio Aramayo (partió de este mundo el 19 de abril de 2022). Sus verdugos ya no están en el poder y es necesario repasar qué es lo que pasó desde entonces a la fecha en materias vinculadas a la temática. Como se recordará fue encarcelado por el “delito” de denunciar el desfalco en el FONDIOC, se le iniciaron más de 250 procesos, fue vilmente torturado y murió a causa de todo ello. Veamos cómo andamos:
Figurones y oportunistas de toda laya aprovecharon la derrota el MAS para convertirse, de la noche a la mañana, en defensores de Marco Antonio, proclamando su inocencia y —casi— pidiendo su canonización. Mientras estuvo injustamente encarcelado y sometido a vejámenes y torturas, todos ellos (los figurones y oportunistas) guardaron cómplice silencio; incluso —en algún caso— esperaron el momento propicio (léase el momento de obtener financiamiento) para difundir sus informes.
¿Alguno de los jueces o fiscales que lo encarcelaron a sabiendas de que era inocente ha sido procesado? Ninguno. Todos siguen tranquilos, algunos todavía ejerciendo las funciones que ejercían cuando abusaban de Marco Antonio. ¿Tal vez alguno de los policías que lo torturó? Ninguno, todos siguen tranquilos y felices.
La que continúa sufriendo los abusos de la administración de justicia es Elvira Parra, quien fue también —como Marco Antonio— directora Ejecutiva del FONDIOC y ya pasó varios años encarcelada. Ha vuelto a la cárcel y a muy pocos se les ocurre hacer algo por ayudar a que termine su calvario. Por ejemplo, ¿La Defensoría del Pueblo está haciendo algo al respecto o sigue callada como cuando estaba vivo Marco Antonio?
Los verdaderos beneficiarios del desfalco del FONDIOC, la exministra que está nadando en plata, los dirigentes (primero campesinos y después mineros) que inventaron pueblos y se llenaron los bolsillos con dinero de los indígenas; los que ocuparon cargos públicos en el Ejecutivo y el Legislativo están libres disfrutando de su dinero mal habido y riendo a mandíbula batiente de lo que ocurre con la “justicia”.
¿De qué sirven los homenajes camarales cuando Marco Antonio ya está muerto? De nada. ¿Ayudará la iniciación de un procedimiento ante instancias internacionales? Probablemente. En esa tarea está su abogado, Héctor Castellón, su viuda Moraima y su hijo Marco Caetano.
Hace muy poco, Fernando Hamdan, el activista que forma parte de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, encarcelado en el marco de la bravuconada del Gral. Zúñiga el 26 de junio de 2024, dijo que en Bolivia se había recuperado la democracia, pero no el Estado de derecho. “Estoy con detención domiciliaria, todavía sin derecho al trabajo desde el 31 de diciembre de 2025. Por lo menos me permitieron regresar a casa, pero sigo sometido al proceso y sin posibilidad de salir. Me mantengo como un preso y preso político hasta la fecha, esperando que la chicana política y la manipulación se acaben de una vez”, dijo al diario Infobae. Estuvo 18 meses en la cárcel.
Durante los días pasados hemos visto cómo exautoridades del último gobierno del MAS han sido aprehendidas, enmanilladas y remitidas a diferentes cárceles del país porque, supuestamente, han cometido diversos delitos. Se las sigue mostrando públicamente, sin respeto alguno por su dignidad y la de sus familias, pese a que gozan de presunción de inocencia. Se mantiene, lamentablemente, la odiosa práctica del “niño ministro”, quien, haciendo gala de prepotencia y como si el poder fuera eterno, se rio de la normativa que prohíbe la exhibición pública de personas aprehendidas.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que despertó de su letargo luego de la primera vuelta el año pasado (estuvo sin abrir la boca, desde que fue “elegido” hasta entonces), aparece —cual Rambo— con chaleco antibalas y utilizando expresiones estridentes que en nada cambian la administración de justicia.
Por supuesto, no es solo la administración de justicia (fiscales incluidos) la que cae en esto, sino también la policía, cuyos miembros siguen abusando de la población y descuidando sus verdaderas funciones. También el Ejecutivo, extraviado en no se sabe qué y mostrando una incompetencia alarmante; y el Legislativo, que de tal tiene cada vez menos (por supuesto que esto se agudizó con la devaluación a que lo sometió el masismo) y dejó de ser el lugar del debate político, para convertirse en un sitio en el que un conjunto de sujetos alza la mano al compás de las órdenes que salen desde Palacio de Gobierno o de sus jefes.
Una manera de honrar la memoria del mártir que fue Marco Antonio sería procesa a todos los que, cumpliendo órdenes del “Jiliri Irpiri”, le hicieron lo que le hicieron. Y acometiendo, de una buena vez, la reforma de la administración de justicia. En esta tarea, nuevamente se ha mostrado Juan del Granado, enviando esta vez un proyecto de ley para la reforma parcial de la Constitución Política del Estado. Habría que apoyarla.
Carlos Derpic es abogado.
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