Sumando Voces
La Veeduría Ciudadana que hace seguimiento al proceso de preselección de candidatos a altas autoridades judiciales advierte de riesgos por el acortamiento de plazos, los que podrían impedir que se tomen decisiones bajo principios de idoneidad e independencia, según hacen notar en una carta abierta dirigida al vicepresidente David Choquehuanca y al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel.
“La calificación de requisitos, evaluación escrita y oral de parte de las Comisiones Mixtas corren el riesgo de realizarse de manera acelerada, afectando el debate técnico necesario en los mecanismos de calificación, lo que podría incidir, por ejemplo, en que las listas de candidaturas incumplan con los criterios de paridad o de inclusión. En otras palabras, los parlamentarios no podrán argumentar y aplicar de forma efectiva los principios rectores de idoneidad, inclusión e independencia”, señala la carta enviada este miércoles 9 de agosto.
Por ese motivo, las organizaciones de la sociedad civil que integran la Veeduría exhortan a la Asamblea y al Órgano Electoral “a asumir todas las medidas necesarias para la realización del proceso de preselección y elección de candidatos para las elecciones judiciales, cumpliendo con los principios de independencia, idoneidad, inclusión y transparencia”.
Asimismo, las organizaciones instan al establecimiento de espacios técnicos de coordinación entre órganos como lo manda la Constitución, “buscando que el tiempo disponible sea distribuido y utilizado de manera más efectiva, privilegiando la garantía del derecho a elegir de manera libre e informada”.
La Veeduría Ciudadana está integrada por la Fundación Jubileo, UNITAS, la Ruta de la Democracia y la Alianza OCD Bolivia.
La exhortación llega en momentos en que las fuerzas políticas con representación legislativa buscan acuerdos a contrareloj en una comisión técnica y jurídica que fue instalada este martes y que, de acuerdo a las previsiones, podría terminar su trabajo este mismo miércoles.
Esta comisión fue creada ante la urgencia planteada tras el fallo del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional la anterior convocatoria y la reglamentación exigiendo su aprobación por dos tercios de votos. Por otro lado, el TSE ha puesto como plazo el 3 de septiembre para que se puedan seleccionar a los candidatos para, de esa manera, tener el tiempo suficiente de organizar las elecciones antes de que los actuales magistrados terminen sus gestiones a fin de año.
La Veeduría Ciudadana advierte que el proceso de preselección “ha sufrido una reducción de plazos -a 30 días- debido a tensiones intra e interpoderes, ignorando obligaciones jurídicas en la materia y desconociendo recomendaciones y buenas prácticas desarrolladas específicamente para el proceso de elecciones judiciales boliviano, es casi imposible evaluar y calificar aproximadamente a 200 postulantes, cumpliendo con principios de idoneidad e independencia”.
Por otro lado, advierte que el desarrollo del proceso electoral con el recorte del tiempo de 150 a 90 días, podría afectar también a la organización y administración del proceso electoral, “dando lugar a improvisaciones, cambios arbitrarios en las reglas electorales y a disminuir la participación ciudadana con la supresión de datos necesarios para el cumplimiento del requisito del voto informado”.
Las instituciones de la sociedad civil advierten que, en última instancia, serían afectados los derechos políticos y la democracia.
