Editorial Sumando Voces
En materia discursiva, el Estado boliviano es abanderado de la defensa de la madre tierra y de la filosofía del vivir bien, que propugna particularmente el vicepresidente David Choquehuanca en foros internacionales. Sin embargo, algunas acciones, políticas e intenciones de los últimos días contradicen la retórica estatal y desnudan a un Estado indolente con la naturaleza.
Los incendios forestales, que este año ya consumieron más de 2 millones de hectáreas, son la prueba palpable de esta contradicción, sin embargo, en los últimos días se han sumado a esta lógica la decisión gubernamental de impulsar la biotecnología (productos agrícolas transgénicos) y un fallo del Tribunal Constitucional que legaliza el negocio de los bonos de carbono en Bolivia. En este último punto hay que hacer notar que la Vicepresidencia está en desacuerdo con la resolución.
Ambos asuntos implican la modificación de la Ley de la Madre Tierra, que fue promulgada en el año 2012, durante el gobierno de Evo Morales, quien adoptó una posición de defensa de la madre tierra, pero su retórica no fue acompañada de políticas públicas que protegieran la naturaleza. Por el contrario, el gobierno de Morales fue el protagonista del punto de quiebre entre discurso y la praxis, cuando reprimió a los indígenas del TIPNIS que marchaban justamente para defender el bosque, la tierra y el agua ante la pretensión gubernamental de construir una carretera por esa reserva forestal.
Luego, una seguidilla de acciones, como la inobservancia de la consulta previa, la ampliación de la frontera agrícola para los interculturales y para el agronegocio, la permisividad frente a la minería ilegal, la incursión a las áreas protegidas con proyectos exploratorios de gas, entre otras acciones, consumaron la agresión a la madre tierra.
El gobierno de Luis Arce no parece ser diferente porque también propugna el respeto a la naturaleza, culpa a políticas capitalistas de ataques a la madre tierra, pero mantiene la mayor parte de las políticas adoptadas por Morales y da paso a nuevas acciones en el mismo sentido.
Fue en este gobierno que Bolivia obtuvo el nada honroso tercer lugar en depredación de bosques a nivel mundial. Y es también este gobierno el que, en el contexto de la crisis económica, decidió abrirse al uso de la biotecnología, prometiendo un estudio para dentro de 10 días.
Diversas organizaciones de la sociedad civil han alertado en los últimos días que el uso de transgénicos representa una amenaza a la soberanía alimentaria y a la salud pública, por cuanto “no solo presentan dudas sobre su eficacia agrícola, sino que también ponen en peligro la integridad de los ecosistemas bolivianos”, según un pronunciamiento de la Plataforma Bolivia frente al Cambio Climático (PBFCC).
Ante las observaciones, el Gobierno salió a aclarar que el uso de la biotecnología estará orientado a los biocombustibles y no así a los alimentos, sin embargo, el pedido de los agropecuarios se refiere a éstos últimos.
En coincidencia se conoció que en junio, el Tribunal Constitucional falló declarando inconstitucional una parte de la Ley de la Madre Tierra con la finalidad de dar paso al mercado de los bonos de carbono.
Esta decisión, si bien no compete al Gobierno, fue adoptada por Tribunal Constitucional, que está avalado por el Ejecutivo y que ejerce sus funciones al margen de la Constitución porque prorrogó su gestión. Es decir, se trata de un fallo que emerge en el marco de la desinstitucionalización del Estado.
La aplicación de los bonos de carbono está rodeada de polémica a nivel mundial. Sus detractores consideran que, en vez de ser un instrumento de protección del planeta, terminan avalando la contaminación causada por las grandes industrias del mundo, que pagan a agentes de los países en vías de desarrollo para acreditar la reducción de gases de efecto invernadero.
Para poner un ejemplo, en el caso de los bonos referidos a la degradación de bosques se termina pagando al que deforesta a cambio de que deforeste menos, pero no así al que conserva el bosque y lo mantiene intacto. Y, finalmente, otra de las observaciones es que las empresas y consultoras intermediarias se quedan con la mayor parte del dinero, mientras que los pueblos indígenas reciben migajas.
Mientras estas decisiones avanzan, el propulsor de la política del “vivir bien” mantiene su retórica en sentido de “no podemos, hermanas y hermanos, seguir siendo testigos indolentes de la destrucción masiva de la humanidad y de la extinción inminente de nuestro planeta, nuestra Madre Tierra”, como dijo la semana pasada en un seminario realizado en la Vicepresidencia.
Está claro que la coherencia es un atributo escaso en estos tiempos y más si hablamos de madre tierra y vivir bien.
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