Sesión de Cámara Alta donde se trató la abrogación de la polémica ley. Foto: Prensa Legislativo.
PRENSA LEGISLATIVO
La Cámara de Senadores aprobó la abrogación de la Ley 1720 y remitió nuevamente la norma a la Cámara de Diputados, luego de incorporar modificaciones a través de dos disposiciones transitorias orientadas a construir una nueva propuesta normativa para la pequeña propiedad agraria.
El tratamiento del Proyecto de Ley N.º 417/2025-2026 se desarrolló por dispensación de trámite durante la 110º Sesión Ordinaria de este martes. La iniciativa fue aprobada tanto en su estación en grande como en detalle, tras un amplio debate legislativo y la incorporación de ajustes consensuados en el pleno.
Las disposiciones transitorias aprobadas establecen que la Cámara de Senadores deberá “concertar y proponer, en un plazo no mayor a 60 días, un nuevo marco normativo que defina condiciones, procedimientos y salvaguardas para que la pequeña propiedad pueda acceder, de manera voluntaria, a un eventual proceso técnico, administrativo y legal de conversión”.
El texto también señala que este proceso deberá preservar expresamente la protección de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), territorios indígena originario campesinos, comunidades y áreas de reserva natural. Asimismo, se establece que la concertación deberá contar con participación de entidades nacionales y departamentales con representatividad y legalidad verificadas, tomando como base las comisiones agrarias departamentales creadas por la Ley INRA.
Tras la aprobación de la norma, el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, destacó que el artículo único de abrogación fue respaldado por ambas cámaras legislativas y sostuvo que el siguiente paso será construir una salida consensuada para la pequeña propiedad agrícola.
“Tenemos que darle una salida a la pequeña propiedad agrícola y eso es lo que vamos a concertar en 60 días”, afirmó. Añadió que las disposiciones transitorias aprobadas permitirán elaborar una nueva ley que deberá ser presentada y consensuada con distintos actores de la sociedad antes de su tratamiento legislativo definitivo.
