Tribunal Ético de las Mujeres emite sentencia en siete casos: conmina a los estados a restituir derechos y a sancionar a los culpables

Democracia

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Mery Vaca

El Tribunal Ético de las Mujers leyó su sentencia en la plenaria del FOSPA. Foto: Sumando Voces

Un Tribunal Ético de las Mujeres se instaló en el marco del Foro Social Panamazónico (FOSPA), para procesar siete casos que afectan a la vida de las mujeres en comunidades de la Amazonía en diferentes países.

Un caso de violación a niñas indígenas en Perú, el avasallamiento de tierras y el intento de construcción de un túnel en Bolivia, concesiones mineras en Ecuador, la batalla judicial por los derechos de un río peruano, la violencia armada en Colombia, y la vulneración de derechos de un pueblo indígena de Brasil fueron presentados de forma testimonial ante el tribunal.

En todos los casos, el Tribunal conminó a los estados a restituir los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas afectados, a repararlos integralmente y a sancionar a los responsables de la violencia.

Los testimonios estuvieron cargados de coraje, pero también de impotencia. Hubo mujeres que se quebraron mientras contaban las consecuencias de la violencia, otras que expresaban ira con sus palabras, pero en todos los casos, las mujeres exigieron justicia para los responsables.

El caso que causó más indignación en la sala fue el presentado por las mujeres indígenas Awjún de Perú, que denunciaron que en los últimos 14 años se produjeron más de 500 violaciones sexuales en contra de las niñas de Condorcanqui por parte de profesores y, además, el contagio de muchas de ellas con VIH sida.

Mientras se presentaba el caso en Rurrenabaque, sede del FOSPA 2024, en Perú se desataba a indignación de los organismos de derechos humanos porque el ministro de Educación, Morgan Quero, había calificado los hechos como “prácticas culturales”.

En este caso, el Tribunal exigió la destitución del Ministro de Educación por sus dichos, la sanción penal de los maestros acusados y la reparación de las víctimas.

El Tribunal Ético de las Mujeres estuvo integrado por Ailin Vaca Diez y Rosalía Matene Semo, de Bolivia; por Manuela Villafuerte Merino, de Ecuador; por Luna Contreras, de Perú; por Cristina Gavancho, de Perú; y por Carla Baré, de Brasil, quien ofició como presidenta.

El tribunal sesionó en dos tiempos, primero en el eje de trabajo cuatro, referido a la resistencia de las mujeres, donde se presentaron los casos y, segundo, en la plenaria general, donde se leyó la sentencia.

Avasallamientos y un túnel en Bolivia

El primer caso presentado por Bolivia tiene que ver con el avasallamiento de tierras en San Miguel de Velasco, en Santa Cruz.

Juana Emilia Manacá, presidenta de las mujeres migueleñas, expuso que en la zona figuran alrededor de 100 comunidades fantasmas y que eso está provocando una ola de avasallamientos al territorio indígena chiquitano, que está compuesto en San Miguel, por 40 comunidades consolidadas y otras 20 en proceso de consolidación.

Expuso dos casos concretos. Uno de ellos tiene que ver con la incursión del INRA en la comunidad de Sanuki Churapas, ocurrido el 2023, cuando los indígenas salieron a defender su territorio y luego fueron acusados penalmente, por lo que les emitieron una orden de aprehensión.

El otro caso data de septiembre de 2022, cuando una comisión de indígenas se presentó en la zona avasallada por Richar Renjifo, por lo que fueron acusados de lesiones graves. La justicia indígena los absolvió de culpas.

Más allá de los conflictos legales, Manacá describió las afectaciones que los avasallamientos están trayendo a la comunidad, como falta de agua, tala indiscriminada del bosque, entre otros, lo que repercute directamente en la vida de las mujeres.

El Tribunal decidió exigir al Estado la restitución de los territorios usurpados y cesar la persecución de los defensores indígenas del territorio.

Otro caso boliviano tiene que ver con la pretensión de construir un túnel en el área protegida del Aguarague, que fue denunciado por las mujeres del Pueblo Guaraní.

Milena Martínez, responsable de educación de la nación Guaraní, y Mariela Melgar, responsable de género, denunciaron que la construcción de este túnel pondrá en riesgo a 57 afluentes de agua, lo que perjudicaría a 60 comunidades que existen en la zona.

El Aguarague es una reserva protegida en Bolivia y, con la construcción del túnel de más de un kilómetro de longitud, se pretende unir un corredor bioceánico.

El Tribunal decidió exigir al Estado que deje sin efecto la construcción del túnel del Aguarague, garantizar el acceso a la información y respetar los derechos indígenas.

Un río con derechos, una paz sin paz…

El Tribunal Ético de las Mujeres recibió también el caso de las mujeres Mucama de Perú, que llevan una larga lucha por la declaratoria del río Marañón como sujeto de derechos. Hace poco la justicia de aquel país les dio la razón e instruyó proteger el río, sin embargo, el Gobierno peruano apeló y ahora se espera el resultado de esa apelación.

El Tribunal exigió al Estado peruano que aplique estudios y un programa de salud consensuado para las víctimas de la contaminación del Río Marañón, resarcimiento a las comunidades y la aprobación de una ley que reconozca los derechos de la naturaleza.

Otro de los casos tiene que ver con la violencia armada y las afectaciones a las mujeres en Colombia, concretamente en el pueblo Nasa, departamento del Putumayo. Zuly Rivera, quien presentó el caso, dijo que hay 15 pueblos indígenas en el Putumayo que sufren por la violencia armada y los desplazamientos. Indicó que los hijos son llevados para la violencia y que autoridades indígenas “fueron vilmente masacradas”.

La representante del pueblo Nasa pidió la implementación de un acuerdo de paz con un capítulo étnico y con enfoque de género, para la protección de las mujeres.

Las mujeres Shuar Arutam, de Ecuador, presentaron el caso de las concesiones mineras que, según explicaron, afectan a la vida de los indígenas.

Entre tanto, de Brasil expusieron el caso de la “violación de los cuerpos y territorios de los defensores de los derechos humanos del pueblo indígena Wayoro”.

El eje de las mujeres contó con la presencia de organizaciones de la sociedad civil de los nueve países, entre las que estaba el programa Urbano de UNITAS.

Puedes ver la transmisión de la sentencia, aquí:

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