David Choquehuanca en su discurso en favor de la Madre Tierra en París. Foto: Vicepresidencia
Este 5 de junio se recuerda el Día Mundial del Medio Ambiente y la ocasión ha sido propicia para que algunos actores le recuerden al Gobierno que está promoviendo un paquete de leyes en contra del medioambiente o que aún no ha dado a conocer el plan para prevenir los incendios forestales, que el año pasado han devastado 12,6 millones de hectáreas de bosques y pastizales.
Estas posturas ocurren días después de que el vicepresidente David Choquehuanca, pidiera, en un evento de la UNESCO, celebrado en París, Francia, que la Madre Tierra sea sujeto de derechos.
“El tiempo ha llegado para declarar a la Madre Tierra sujeto vivo de derechos con la consecuente responsabilidad jurídica, política y social. Donde la dualidad complementaria lo diversifica todo y donde el único fundamento de la diversidad biocultural es alcanzar a todos con lo que se desprende de la abundancia vital de la Madre Tierra”, aseguró el Vicepresidente en el coloquio internacional titulado “Diversidad cultural y tráfico ilícito: desafíos y respuestas desde América Latina y el Caribe”, que tuvo lugar en la sede de la Unesco, del 2 al 6 de junio.
“Mientras los gobiernos a la cabeza del MAS, por 20 años andan por el mundo mintiendo sobre el respeto a la madre tierra…”, de esa forma comienza un pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Defensa del Territorios Indígena Originario campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), en el que denuncia que “el gobierno pretende aprobar un paquete de leyes y decretos que ponen en alto riesgo los territorios y las áreas protegidas”.
Se declaran alarmados por estas propuestas de ley, a la que denominan “paquete asesino contra el medioambiente”.
Entre esas leyes, figura aquella que convertiría la pequeña propiedad en mediana o empresarial, la que propone una pausa en la verificación de la Función Económica y Social, la que transforma reservas forestales en áreas mixtas, entre otras.
También citan la reglamentación de la Ley Minera, que busca dar paso a la minería en cabeceras de cuencas, lagos, ríos, vertientes y glaciares, el decreto que levanta la declaratoria de desastre nacional cuando inician los incendios forestales, entre otros instrumentos.
“Todas estas normas que en su conjunto constituyen, para nosotros, un paquete asesino contra el medioambiente, están siendo impulsadas por el gobierno del MAS, los agroempresarios y grupos de interés político del gobierno”, por lo que exigen consulta previa para todos los proyectos que afecten a los pueblos indígenas.
Entre tanto, la Defensoría del Pueblo, mediante un pronunciamiento, reiteró “su preocupación por la falta, hasta la fecha, del contenido íntegro del plan de prevención de incendios forestales para la gestión 2025, que debe ser presentado de manera oportuna por el Ministerio de Medio Ambiente”.
Dicho plan, señala, debe establecer acciones anticipadas y sistemáticas destinadas a evitar la ocurrencia de incendios forestales o mitigar sus efectos.
“Asimismo, debe contemplar la elaboración de normativas y políticas públicas de corto, mediano y largo plazo orientadas a prevenir las quemas descontroladas e incendios”.
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