Dragas en el río Madre de Dios: Foto: Mongabay Latam
El Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) dio un plazo de 15 días calendario al Estado boliviano para responder a sus demandas y frenar el avance de la minería ilegal en la cuenca del río Madre de Dios. El plazo concluye exactamente el 28 de octubre. El TIMM II advirtió que, si no obtiene una respuesta formal dentro de ese periodo, asumirá medidas de presión, incluida la retención de maquinaria minera ilegal y la realización de movilizaciones escalonadas.
«Advertimos que, de no tener respuesta formal en un plazo de 15 días calendario, el TIP II y la CIPOAP, en ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación y al control territorial, nos veremos obligados a continuar tomando acciones de hecho, a retener maquinaria ilegal y a iniciar movilizaciones escalonadas hasta ser escuchados», expresa la resolución del TIM II.
La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento emitido el 13 de octubre de 2026 en la comunidad indígena de Exaltación, en el que las autoridades y comunidades de los pueblos Esse-Ejja, Kabineño y Takana denunciaron la falta de control estatal sobre las operaciones mineras que, según señalaron, afectan su territorio ancestral.
Entre sus principales exigencias, el TIM II pidió la intervención de las instituciones competentes para clausurar las operaciones mineras ilegales, decomisar la maquinaria utilizada y revisar las autorizaciones que hubieran sido otorgadas sin consulta previa, libre e informada. También demandó operativos conjuntos de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), la Policía y el Ministerio Público.
El territorio indígena alertó que la actividad minera provoca daños al lecho del río, contaminación del agua con mercurio y diésel y afectaciones a los peces, una fuente de sustento para las familias de la zona. Asimismo, reclamó estudios toxicológicos para determinar los niveles de contaminación y sus efectos en la salud de la población.
El pronunciamiento también exige atención sanitaria inmediata para las comunidades afectadas, inspecciones ambientales y coordinación entre los departamentos de Pando y Beni. Además, solicita que la Cancillería impulse mecanismos de coordinación con Perú para enfrentar la minería ilegal transfronteriza.
Las comunidades responsabilizaron al Estado por los posibles enfrentamientos o vulneraciones de derechos que pudieran producirse ante la falta de respuesta a sus demandas. Finalmente, convocaron a otros territorios indígenas afectados por la actividad minera a unificar sus reclamos en defensa de sus derechos y del río Madre de Dios.
Aquí puede leer el pronunciamiento:
