Pobladores de la TCO Monte Verde. Foto: CEJIS
La Central Indígena Paiconeca de San Javier (CIP-SJ) denuncia la construcción de 57 kilómetros (Km) de caminos y desmontes con fines agrícolas en su Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Monte Verde. A pesar de reiteradas denuncias presentadas ante las autoridades competentes, la falta de acciones concretas permitió la expansión de estas actividades ilícitas, como desmontes, incendios forestales y avasallamientos, reportan las autoridades indígenas en una carta dirigida a Luis Roberto Flores, director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
«Con la cooperación de nuestros técnicos, se hizo un trabajo de estimación de la afectación por construcción de caminos y desmontes dentro del PMIB Santa Fe y cercanías. En el cual se midieron 57,40 km de caminos interconectados de este a oeste y sur a norte, equivalentes a 61,70 ha. desmontadas para su construcción. También se detectan desmontes con claros fines agrícolas y de asentamiento, con una afectación de 37,401 ha., haciendo un total de 99,10 ha. solo en el PMIB Santa Fe», establece la misiva.
Agregan que la falta de acción ha permitido que los desmontes y avasallamientos sigan avanzando, afectando aproximadamente el 70% del bosque productivo del Plan de Manejo Integral de Bosques (PMIB) Santa Fe. «Nos hallamos sin respuesta alguna, y nos vemos severamente ignorados, lo que constituye un completo acto de negligencia», señala la denuncia de la CIP-SJ.
Según el informe de la Central Indígena, imágenes satelitales y datos del sensor VIIRS de la NASA, recogidos entre junio y septiembre de 2024, confirman la presencia de incendios forestales en el PMIB Santa Fe. Recuerdan que, en 2024, un incendio provocado por los avasalladores afectó el 100% del PMIB Santa Fe, que abarca más de 101.167,58 hectáreas. Además, el impacto se extendió a otras áreas forestales estratégicas, con una pérdida estimada en más de 2,6 millones de hectáreas, en un rango cuadricular de 40.000 km2.
La Central Indígena denuncia que la inacción del Estado vulnera el derecho constitucional a un ambiente sano, el acceso a la información y la obligación del Gobierno de proteger los territorios indígenas. Acotan que la falta de control sobre estos delitos facilita el tráfico de tierras, agravando el conflicto en la región.
La investigación realizada por la CIP-SJ identifica a José Luis Medina como uno de los responsables de estas acciones, en complicidad con comunidades menonitas que estarían adquiriendo tierras de manera ilegal. «Exigimos que las autoridades inicien una investigación para sancionar a los infractores y detener el avance del tráfico de tierras», afirman los denunciantes.
La comunidad indígena ha advertido que, de no tomarse medidas en las próximas 72 horas, se procederá con acciones más contundentes para la defensa de su territorio. Además, recuerdan a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) su obligación de actuar de oficio ante cualquier ocupación ilegal, conforme a la Ley Forestal N° 1700.
La CIP-SJ reitera su llamado a la comunidad nacional e internacional para visibilizar esta problemática y exigir el cumplimiento de las normativas ambientales y de derechos indígenas en Bolivia.
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