Senadores Leonardo Roca y Branko Marinkovic
Senadores afines al oficialismo anunciaron que impulsarán una revisión al trabajo y financiamiento de organizaciones no gubernamentales (ONG) en Bolivia, a las que acusan de promover conflictos sociales y desestabilización política. Mientras tanto, más de 70 organizaciones de la sociedad civil denunciaron una “escalada de estigmatización y amenazas” contra su labor y exigieron garantías para el ejercicio de sus derechos.
El senador de Alianza Libre, Leonardo Roca, afirmó que las movilizaciones indígenas y campesinas contra la Ley 1720 no fueron “espontáneas”, sino parte de una “operación” financiada por organismos europeos. Según sostuvo, varias ONG utilizaron recursos externos para influir en comunidades indígenas.
“No fue espontánea, fue una operación donde las ONG captaron dinero de Europa y lo usaron para engañar a los indígenas, haciéndoles creer que perderían sus tierras”, declaró el legislador. Además, aseguró que el conflicto tiene “dos fases”: la abrogación de la norma y posteriormente la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Roca mencionó a instituciones como CIPCA, Fundación Tierra, CEDIB, CEJIS y Fundación Solón, señalando que “reciben millones de euros” y que actuaron bajo “el mismo libreto”.
En la misma línea, el empresario y político Branko Marinkovic -impulsor de la aprobación de la Ley 1720- sostuvo que existe “mucho financiamiento externo para desestabilizar al Gobierno” y adelantó que pedirán al Ejecutivo verificar las actividades de estas organizaciones. Asimismo, indicó que se impulsarán nuevas normas más regionalizadas y autonómicas para reemplazar la cuestionada ley.
Como contraparte, 71 organizaciones de la sociedad civil emitieron un pronunciamiento conjunto en el que expresan preocupación por lo que consideran ataques sistemáticos contra su trabajo. Las entidades señalaron que los discursos de autoridades y actores políticos buscan deslegitimar su rol histórico en la defensa de derechos humanos, la transparencia y el fortalecimiento democrático.
“El trabajo de la sociedad civil organizada no es un negocio, es el ejercicio vivo de la ciudadanía”, señala el documento, en el que también rechazan los intentos de criminalización y restricciones legales impulsadas en distintos momentos del país.
Las organizaciones demandaron el cese inmediato de la estigmatización, garantías para el ejercicio de las libertades de asociación y expresión, y la apertura de un diálogo democrático sobre cualquier normativa que afecte a las organizaciones de sociedad civil. Además, alertaron a la comunidad nacional e internacional sobre lo que consideran señales de retroceso democrático en Bolivia.
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